Aborto y objeción de conciencia

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Uno de los debates más llamativos y tal vez menos frecuentes que se dan en el derecho moderno es el vinculado a la denominada “objeción de conciencia”, la cual aparece siempre relacionada con temáticas que sensibilizan especialmente a las personas y las sociedades.

La objeción de conciencia, dicho fácilmente, significa una especie de permiso para no cumplir con un mandato legal o una orden de la autoridad competente cuando esto violente las convicciones íntimas de la persona. Puede resultar sorprendente que esta posibilidad exista en pleno Estado de derecho, sucede que surgió a partir de la llegada de las democracias constitucionales.

Como era de esperar, la cuestión de la objeción de conciencia reapareció con fuerza alrededor del debate sobre la despenalización del aborto y se instaló definitivamente en la conversación pública luego de la media sanción que obtuvo el proyecto de ley por parte de la Cámara de Diputados.

Ahora bien, si nos conformamos con la definición que hemos dado párrafos atrás, podríamos generar una confusión respecto del verdadero sentido y alcance que corresponde otorgarle a la objeción de conciencia en una democracia constitucional.

En primer lugar, es fundamental aclarar que la objeción de conciencia no es absoluta, tiene límites, es decir, para poder ejercerla válidamente deben darse una serie de condiciones, pues, de lo contrario, bastaría con que una persona invoque, por ejemplo, sus creencias religiosas para automáticamente no cumplir con una ley o algún mandato de autoridad competente.

¿Cuáles son entonces las condiciones que deben darse para poder invocar válidamente la objeción de conciencia? La primera de ellas es que el incumplimiento solicitado por el objetor no afecte de modo significativo, esto es, que no ponga en riesgo la finalidad buscada por el Estado mediante el dictado de dicha ley u orden impartida.

La segunda condición se refiere a que la objeción solicitada no afecte derechos de terceros, pues vale recordar que cualquier conducta que lesione derechos de terceros queda fuera de la órbita del ámbito de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional.

En otras palabras, debe siempre sopesarse el efecto del incumplimiento solicitado sobre el propósito que la norma u orden de la autoridad persigue y, por consiguiente, evaluar los costos de la eventual interferencia de la objeción de conciencia sobre los objetivos buscados por el Estado.

Con base en las condiciones establecidas podemos afirmar entonces que la objeción de conciencia no funciona como un escudo todopoderoso, pues siempre deberá ponderarse el interés que posea el Estado y los objetivos que se pretenden lograr mediante la ley u orden que deliberadamente se quiere incumplir, y si se produce —a partir de dicho incumplimiento— una afectación real a derechos de terceros.

El autor es doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en Constitucionalismo. Profesor de Derecho Constitucional, UBA.



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