La caja de los intendentes, la próxima disputa que se viene en la Provincia

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Los jefes comunales bonaerenses del Foro de Intendentes de Cambiemos junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri

El histórico reclamo de la provincia de Buenos Aires por la coparticipación y el dinero adeudado del Fondo del Conurbano llegó a su fin con el Pacto Fiscal. Ese acuerdo, que fue firmado por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores en noviembre pasado, implica el ingreso de 21.000 millones de pesos a la Provincia en 2018 y otros 44.000 millones de pesos más en 2019.

Sin embargo, un conflicto similar todavía perdura al interior del distrito gobernado por María Eugenia Vidal en relación a la coparticipación municipal, es decir, al dinero que el Estado provincial reparte entre cada uno de los 135 municipios. El año pasado, casi unos 50 mil millones de pesos.

La coparticipación es la principal fuente de ingresos extrajurisdiccionales para los municipios. Estos fondos resultan esenciales ya que tienen presupuestos limitados, altos gastos fijos y muy poco margen para robustecer sus arcas (solo pueden cobrar tasas). Todos estos factores perpetúan una fuerte dependencia de las inversiones y obras tanto de Provincia como de Nación.

La fórmula utilizada para determinar cuánta plata le corresponde a cada municipio es cuestionada por intendentes de diferentes colores políticos. Especialmente por los del conurbano, que aseguran ser los grandes perjudicados. También señalan que la norma, por ser anticuada, termina generando distorsiones e incentivos negativos.

En ese sentido, Martín Yeza, intendente de Pinamar por Cambiemos, explicó a Infobae que ya cuenta con autorización de la gobernadora María Eugenia Vidal para plantear el debate. “Ahora en marzo arranco, va a ser una discusión muy compleja que va a trascender a los partidos políticos”, adelanta el joven jefe comunal. Su municipio este año recibirá 198 millones de pesos en coparticipación.

La fórmula polinómica que se utiliza actualmente tiene en cuenta diferentes criterios: servicios de salud (37%), población (36%), compensación a los municipios con menor recaudación potencial (13%), superficie (9%) y servicios no sanitarios transferidos (5%).

Entre las principales críticas se destaca que los municipios del interior (con más territorio y menos población), reciben en promedio muchos más fondos por habitante que los del conurbano. En términos concretos, los 24 distritos que rodean la Ciudad concentran dos tercios de los habitantes pero captan menos de la mitad de los recursos coparticipables. Por lo tanto, argumentan que es “inequitativo” ya que la cantidad de población y el nivel de urbanización son las variables que finalmente determinan los mayores niveles de gastos en servicios.

Marcos Schiavi, director del Centro de Estudios Metropolitanos, explicó a Infobae que “el primer problema es que sólo se coparticipa el 16,14% de los ingresos que tiene la Provincia por impuestos y coparticipación nacional. Y a eso se suma que los municipios no pueden cobrar impuestos (sólo tasas), por lo cual su capacidad recaudatoria es débil”.

Observatorio de Política Fiscal

En la misma línea, Juan Cuattromo, del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad de José C. Paz, señala que la discusión sobre la coparticipación es necesaria porque “es una ley que está desfasada en términos de las demandas que tienen los municipios respecto de los recursos que reciben; y eso genera, por un lado, una demanda insatisfecha de servicios y, por otro lado, una proliferación de prácticas impositivas, como la generación de tasas y tributos a nivel municipal (para tratar de suplir el bache) que son ineficientes y generan más problemas”.

Las distorsiones de la fórmula

El peso de la variable sanitaria (37%) y la manera en que esta se pondera han generado algunas distorsiones. Como se tienen en cuenta la cantidad de camas, de consultas y pacientes, el nivel de complejidad de atención y los días de internación, se incentiva una atención más especializada y tendiente a la hospitalización (ej. camas de terapia intensiva), en detrimento de la prevención. A su vez, se favorece a los distritos que ya brindan servicios de salud y no a los que necesitan comenzar a darlos, profundizando las brechas de desarrollo. Y además, las dificultades de fiscalización han llevado a prácticas deshonestas como “inflar” el número de camas disponibles como método para obtener más fondos.

“La Provincia paga por enfermedad. Cuanto más prevención hacemos y cuanto menos enfermos tenemos, más nos baja la coparticipación. Los que trabajamos en la primera atención somos perjudicados”, detalla a Infobae el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi (PJ-FPV). Su municipio fue un de los que más perdió durante los últimos años. Este año le corresponderán unos 300 millones de pesos.

Jorge Ferraresi – intendente de Avellaneda (Twitter)

A pesar de pertenecer a bandos políticos antagónicos, en este punto coinciden en la misma crítica con el intendente de Pinamar. “Dentro de las conversaciones que tenemos entre intendentes sabemos que hay municipios que ponen más camas y las declaran como terapia intensiva cuando no lo son”, revela Yeza. Y agrega: “Cualquier médico especialista en políticas públicas te va a decir que es mucho más importante invertir en atención primaria que en una terapia intensiva. Como dice la famosa expresión: ‘Es mejor prevenir que curar'”.

Otra parte de su reclamo es que hoy no se contempla que Pinamar recibe cientos de miles de turistas durante el verano para los cuales es necesario mantener cierta infraestructura de servicios.  

Pero más allá de algunas prácticas deshonestas y reclamos específicos, no todos están tan disconformes. Allí reside la dificultad para modificar el cálculo. Según Schiavi, la raíz política del problema es que el conurbano está subrepresentado en la Legislatura en relación al interior, y al ser un juego de suma-cero (lo que gana uno, lo pierde otro) será muy difícil aprobar cualquier cambio. “Si tomás la primera, la tercera y la octava sección electoral, es decir La Plata y todo el conurbano, tienen entre el 35 y el 40% de la representación política, dependiendo de la Cámara. Todo el interior de la Provincia tiene mayoría absoluta”, argumenta.

Entre los distritos que reciben más fondos por habitantes los primeros diez son del interior de la provincia (CEM)

Alcanzar un nuevo equilibrio será intrincado. La coparticipación tiene dos ejes: uno distributivo, por el cual se compensa a los municipios más pobres para que no se generen brechas demasiado grandes, y otro devolutivo, que se relaciona con el nivel de actividad del partido. “Si vos hacés algo muy distributivo terminás penalizando a los que más actividad económica tienen y si te vas al otro extremo profundizás las desigualdades. Los dos argumentos tienen sentidos”, subraya Cuattromo.

Aunque para algunos, como el intendente de Avellaneda, no solo se debe discutir la fórmula sino también la cantidad total de los recursos que se reparten y las matrices económicas que garanticen la independencia de los municipios. “Con el Pacto Fiscal se ha acrecentado aún más la discrecionalidad de la Provincia a la hora de manejar recursos. Los municipios deberíamos ir ganando en autonomía. Cuando asumí el 31% de nuestro presupuesto era coparticipación. Hoy estamos en 21% porque hemos generado políticas de crecimiento y de cargar sobre los más fuertes económicamente”, asegura Ferraresi.

Dentro de los diez que reciben menos coparticipación por habitante, nueve son de la región metropolitana (CEM)

Ante esta situación compleja, desde el Gobierno provincial pronostican un debate largo y una implementación que llevará varios años. “Hay que escuchar a los municipios del conurbano, pero también a los del interior, porque hay que tener en claro que reciben más por habitante (baja población, mucho territorio) debido a que originalmente no se quiso despoblar esas zonas. Hay que tener todo en cuenta”, señala a Infobae Joaquín de la Torre, ministro de Gobierno bonaerense.

El ministro de Gobierno bonaerense y ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre junto a la gobernadora Vidal (NA)

Según sus cálculos, una modificación del CUD (coeficiente único de distribución) se podría completar en un plazo mínimo de “cinco años” para que los municipios tengan previsibilidad respecto a eventuales cambios en la cantidad de fondos que van a recibir. En cuanto a la nueva fórmula, buscarán que tenga una mayor cantidad de datos más fácilmente comprobables para evitar una lucha de “pobres contra pobres” en la cual algunos intendentes “con más experiencia o más vivos” han utilizado sus declaraciones de servicios para “sacar provecho y recibir más plata” en detrimento de sus pares.

Una manera sería premiar prácticas socialmente deseables, como por ejemplo una reducción en el índice de mortalidad o un aumento en la matrícula escolar. “Estamos viendo de qué manera podemos incorporar estos datos a la fórmula”, dice de la Torre.



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