Rechazo a la despenalización del aborto: la CGT, Michetti y los "costos" de la ley

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Desde que la despenalización del aborto inició su camino legislativo, se vienen sucediendo los intentos por jugar la cuestión presupuestaria -“costos”, restringidos a pesos- como un punto central del debate. No se discutirá formalmente en la comisión de Presupuesto del Senado, como tampoco lo hizo en Diputados, aunque legisladores opuestos al proyecto lo mantienen en pie como mensaje a los gobernadores. Era previsible. Más novedoso, en cambio, es el aporte a esa movida arrimado por jefes sindicales inquietos, dicen, por las obra sociales.

La señal desde esas filas surgió bajo el formato de versiones alimentadas por fuentes sindicales y estuvo dirigida al Gobierno nacional, embarcado como está en buscar en los grandes capítulos del Presupuesto y también en cada resquicio todo lo que pueda ser podado para achicar sensiblemente el déficit. En resumen, hicieron saber que la iniciativa sobre interrupción voluntaria del embarazo, si se convierte en ley, podría afectar las cuentas de sus obras sociales. Traducido: reclamo de asistencia.

Es probable que sin descuidar el canal de contactos formales e informales con Jorge Triaca, los jefes cegetistas soliciten una reunión para tratar el tema con el ministro Aldolfo Rubinstein. Voceros del ministerio de Salud afirman que la cita será agendada apenas lo soliciten, aunque en medios oficiales observaban con cierta extrañeza la prisa sindical cuando aún resta el tramo sustancial del trámite legislativo en el Senado.

El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein

El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein

Las demandas gremiales por los fondos de las obras sociales vienen de arrastre y por supuesto también fueron explicitadas ante los funcionarios de Mauricio Macri. El último planteo público se produjo en la previa al reciente paro nacional y hubo gestos del Gobierno para mejorar el flujo de los fondos reclamados por la CGT y los desembolsos destinados a la atención de jubilados.

Las advertencias sobre el tema fueron incluidas también en el comunicado que distribuyó la CGT para aclarar su posición sobre la interrupción voluntaria del embarazo. La declaración señala que no se pronunciará ni en contra ni a favor del proyecto y, naturalmente, agrega que respetará la decisión legislativa.

Con todo, no es un dato menor que el último de los cuatro párrafos del texto cegetista esté referido al cuadro general de las obras sociales, aún sin mencionar directamente las prestaciones que demandaría la despenalización en caso de ser aprobada la ley. Pero la preocupación sobre los costos que podría generar la despenalización asoma al menos para importantes referentes sindicales como una cuestión asociada al rechazo de fondo a la ampliación de la legalización del aborto. Y es así por razones de tradición ideológica, por la cercanía con la Iglesia y hasta por vínculos nuevos y viejos con el papa Francisco.

Hace apenas un mes, pocos días antes de la votación en Diputados, las firmas de un puñado de destacados jefes sindicales acompañaron una declaración de título directo: “Los peronistas decimos sí a la vida y no al aborto”. Hugo Moyano, Antonio Caló, Héctor Daer y Julio Piumato suscribieron el extenso documento junto a dirigentes partidarios de diferentes recorridos y posiciones internas. La redacción incluyó menciones a históricas posiciones peronistas, referencias a la doctrina vinculada con la Iglesia y condenas a supuestas concepciones maltusianas, para concluir en que “el aborto es un elemento ajeno a la cosmovisión peronista”.

Por supuesto, no es esa la única posición en el amplio tejido del peronismo, como lo expresó la votación en Diputados y lo proyecta el debate en el Senado. Tampoco las advertencias sobre costos monetarios de la despenalización remiten a una solo sector. Es un recurso utilizado también casi como elemento de presión sobre los gobernadores al alertar sobre el impacto que podría tener en los sistemas de salud y, por consiguiente, en los presupuestos provinciales.

Primero en Diputados y luego en el Senado fueron registrados intentos, frustrados de arranque, para traducir esa movida en el envío del proyecto también a las comisiones de Presupuesto. Fue considerado un paso para dilatar el tratamiento, pero tal vez no haya sido ese el objetivo central: finalmente, las comisiones involucradas actúan en plenario, sin imponer ninguna por sí sola el ritmo del trámite.

En cambio, parece haber sido un modo de presentar la ley como una carga más en la pesada mochila de “gastos” del Estado y su reflejo y sustento, la presión impositiva. Agregar ahora la advertencia sobre el efecto en las cuentas provinciales –en momentos de ajuste para bajar fuertemente el déficit- es una vuelta de tuerca que se supone estaría a tono con la naturaleza del Senado.

La vicepresidenta Gabriela Michetti

La vicepresidenta Gabriela Michetti

En esa línea se destacó de entrada Gabriela Michetti, que no reparó en el lugar institucional que ocupa y además extremó la posición en contra del proyecto aprobado por Diputados al punto de cuestionar la despenalización como tal, a pesar de que es una figura que va a camino a cumplir cien años en la legislación argentina.

La discusión sobre los fondos que podría demandar esta iniciativa si es convertida en ley aparece entonces como un recurso táctico antes que como una inquietud genuina. Y enciende alarmas de fondo, entre otras razones porque traduce de manera descarnada el rechazo a considerar el tema como una cuestión de salud pública. Es parte del telón principal para un debate que el martes arrancará en comisiones del Senado y, en un mes, jugará su suerte en el recinto.

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