Santiago del Estero: así fue el pacto satánico para descuartizar a un chico de once años

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Las autopsias son cosas desapasionadas. Un cadáver no deja de ser un cadáver. El 10 de junio de 2016, los forenses Mariano Pagani y Julián Canilo agruparon las partes de quien fue en vida Mario Agustín Salto, violado y mutilado hasta morir con apenas 11 años de edad, las analizaron y escribieron sus conclusiones. Mario, “Marito” para sus padres y familia, había desaparecido el 31 de mayo anterior en su pueblo, Quimilí, en Santiago del Estero, de poco más de 15 mil personas y a poco más de 200 kilómetros de la capital provincial. Lo habían visto por última vez mientras pescaba en la zona conocida como “La Represa”, una suerte de laguna.

Fue encontrado dos días después por un baqueano, exactamente en el otro lado del pueblo, entre unos pastizales, su cabeza en una bolsa blanca, su torso y miembros en una bolsa negra: el baqueano, cuya casa quedaba a doscientos metros de dónde estaba el cadáver, vio como su perro arrastraba una pierna humana entre los dientes. La única cámara-domo en todo Quimilí había tomado horas antes a una moto con dos tripulantes que cargaban dos bultos, sin embargo, los intentos de mejoras de imagen fracasaron. Ocho días después, el cuerpo llegaba a Pagani y Canilo.

Solo las piernas habían sido separadas del cuerpo; los brazos seguían adheridos al torso. El corte de decapitación, notaron los forenses, fue hecho “a la altura de la de la articulación de la tercera con la cuarta vértebra”, “preciso, “con sección de los componentes neurovasculares”. Lo cierto es que Mario no murió decapitado: antes fue estrangulado hasta su último aliento, “una asfixia mecánica por estrangulamiento con un elemento tipo alambre o cable de acero”, apuntaron los forenses. Previamente, en no más de 12 horas antes de su deceso, el niño fue vejado analmente de acuerdo a múltiples desgarros de reciente data “con un objeto romo semirrígido, animado de fuerza y movimiento”. Muestras tomadas en las uñas y la zona anal correspondieron a un perfil de ADN distinto al del niño, que en pruebas posteriores probó ser parcial, insuficiente para una identificación de un posible sospechoso.

Así, los forenses sellaron su informe con sus sellos de goma del Poder Judicial provincial y lo enviaron. La muerte de “Marito”, hijo de Mario Salto padre, peón rural, se convertía en el crimen más brutal de la década, un infanticidio grotesco, sin presunto móvil, sin respuestas.

“¿Vos decís que me ate en la Plaza de Mayo? ¿Llevo cadenas?”, le preguntaba Mario padre a Infobae en septiembre del año pasado, sin respuestas ni saber qué hacer, mientras denunciaba una causa frenada y pedía peritos, con dos detenidos locales, hermanos, de apellido Ocaranza, detenidos con escasas pruebas en su contra, apenas algunos testimonios. El caso tuvo tres jueces de instrucción. El primero en la lista, Miguel Ángel Moreno, fue recusado por los defensores de los Ocaranza, hoy libres. El cuerpo de Marito fue eventualmente remitido a la Morgue Judicial de la calle Viamonte en Capital Federal para nuevas pericias, con el Juzgado de Transición Nº1 a cargo de la doctora Rosa Falco como nuevo titular del expediente. El domingo pasado, la investigación por la muerte de “Marito”, a casi 18 meses del hehco, luego de 13 cuerpos con más de 2600 fojas 50 perfiles genéticos analizados, se movió otra vez.

El cura local estaba nervioso frente a la casa de la calle Mitre, en las afueras de Quimilí, entre vecinos que repartían rosarios, el cura iba y bendecía a los policías, efectivos de la división Homicidios de la PFA, que depende de la Superintendencia de Delitos Violentos a cargo del comisario inspector Rodolfo Gutiérrez, asignada al caso por la jueza Falco. Un grupo de perros rastreadores provenientes de San Luis, Entre Ríos y de la Brigada Nacional Canina K-9 asentada en Punta Alta había apuntado a la casa de Miguel Ángel Jiménez, un agrónomo local de 58 años, dedicado al negocio del algodón. Los vecinos no le tenían aprecio, le dedicaban insultos que siseaban entre los dientes en la noche santiagueña, detrás del cordón policial. El odio de pueblo iba a la par del miedo sobrenatural. El pueblo de Quimilí apodaba “El Brujo” a Jiménez, en las charlas de frecuencia baja. “El Brujo”, en su casa, tenía un altar, con una gran efigie de San La Muerte, una bandera de la deidad, pequeños amuletos, todo dentro de un placard.

Pero adorar a San La Muerte no es el problema. Un perro rastreador, llamado Halcón, se lanzó ladrando sobre la mesa de luz. Los policías de la división Homicidios encontraron una carta, una suerte de pacto: “Ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza. DAME LO QUE PIDO”, decía. Otros cajones revelaron recortes de diario sobre el infanticidio de “Marito”, papeles como amuletos que leían “dame tu fuerza, 666”, la efigie del ojo en el triángulo, el antiguo símbolo de la providencia divina. La hipótesis, para la jueza y la PFA y la jueza Falco, es tan simple como horrible, apuntaron investigadores del caso a Infobae. “Marito” murió en un crimen ritual bajo una teología demente: lo mataron para cosechar su energía vital.

La mujer de Jiménez, Arminda Díaz, docente y directora de escuela, también fue detenida, así como un hijo de Díaz y otro hombre oriundo de Quimilí. Si Jiménez es realmente culpable, entonces su culpa está manchada de un cinismo absoluto: “El Brujo” fue filmado participando de de las marchas para pedir justicia por “Marito”, un clásico de los asesinos de pueblo. Entre los cajones, los perros encontraron una carta. “El Brujo” no habría actuado solo. La carta era el pacto firmado entre quienes masacraron a “Marito” y su dios. Llevaba una serie de firmas, entre ellas las de Jiménez y dos hombres, históricos involucrados en la trama alrededor de la muerte de Marito: Rodolfo Adrián Sequeira, “Rody”, un changarín de 45 años, Ramón Rodríguez, “El Burra”, de 59 años.

Un testimonio reservado había señalado a “Rody” como presunto entregador de “Marito”, el encargado de raptarlo. “El Burra” era su compinche habitual en la noche del pueblo: Rodríguez había sido indagado, con claras contradicciones sobre dónde había estado al posible momento del crimen. Hay un tercer involucrado, Daniel Tomás Sosa, “Chicho”, de 23 años: testimonios reservados lo señalan como el encargado de seguir los movimientos del niño. Sequeira, por ejemplo, estuvo preso. Luego, salió. Hacía falta más para encerrarlo a comienzos del caso. Hoy, Sequeira -que complicó a Jiménez en su nueva indagatoria, según publicó el diario santiagueño El Liberal- está detenido nuevamente, así como “El Burra” y “Chicho”. Los perros conducidos por la PFA fueron quienes siguieron el rastro para llegar hasta ellos. La investigación original, por lo visto, fue por lo menos escasa; 18 meses después, las pruebas para esclarecer la muerte de “Marito” seguían ahí, en Quimilí.

La división Homicidios, luego de revisar los 13 cuerpos del expediente, decidió comenzar, básicamente, desde el comienzo, desde el lugar en donde el cadáver de “Marito” fue encontrado. Llevaron allí a un grupo de perros y a una pieza de evidencia clave: un calzoncillo que fue encontrado junto al cuerpo, con sangre del menor y un líquido que sería, presuntamente, semen. Un perro olió y comenzó a ladrar hacia un pastizal a varios metros de distancia, hasta llegar a una billetera. Estaba llena de anotaciones: “Marito”, “666”, otra vez el ojo dentro del triángulo. Con ese olor en su nariz, el perro siguió: no tardó en llegar a la casa de la hermana de Sequeira en Quimilí. Comenzó a ladrar hacia un armario, que contenía una gomera con la letra “M” grabada en su empuñadura.

El perro siguió, apuntan investigadores del caso, a la casa de “Burra” Rodríguez. Una bolsa de plástico estaba oculta dentro de una letrina: contenía pelos, inscripciones con el número 666, otra vez el ojo en el triángulo, noticias sobre el crimen de “Marito.” Una nota fue particularmente incriminadora: “El trabajo de ‘Marito’ está hecho”, decía. Un perro ya podrído colgaba de un árbol, cerca de velas; una losa cercana al árbol tenía rastros de sangre, de acuerdo a un test de luminol. Una campera negra fue encontrada en una chatarrera donde había trabajado Sequeira. “El jefe ya sabe”, decía otra anotación. “El jefe” habría sido otro que Miguel Ángel Jiménez. El allanamiento a la casa del agrónomo llegó poco después.

La investigación, a pesar de estas detenciones, sigue abierta. La carta del pacto firmada por los supuestos firmantes del rito incluye otros dos nombres más. La PFA y la jueza Falco están tras ellos.



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