¿Transparencia judicial o justicia a la carta?

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En los últimos días ha recobrado fuerza un nuevo embate de cierta asociación (¿lícita?) entre algunos medios de comunicación cuasi hegemónicos y un sector del gobierno que fantasea con ese dominio unilateral pero en el mundo político.

El mismo gobierno que ha intentado hacer “forum shopping” (elección a dedo de jueces para ciertos casos) con la construcción ilícita de tribunales federales a su medida ahora pretende que algunos jueces (en particular los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah) que han cometido el pecado, mas original que lo deseable, de mostrarse independientes y que han desoído los reclamos ostensibles de pertenecer a una justicia a la carta, deben aprovechar que están en edad de jubilarse (en un conmovedor paternalismo del Ministro de Justicia -a quien respeto personalmente pero no puedo acompañar en esta preocupación previsional), pedir el traslado a otra jurisdicción veraniega como Mar del Plata (al estilo de la mejor agencia de viajes), o lidiar con la continuación de este plan de deshonra mediática bajo la amenaza latente de un comportamiento selectivamente perseguidor del Consejo de la Magistratura, que ya ha mostrado destreza para construir una justicia monopólica y vergonzosamente adicta.

En cualquier país del mundo civilizado ese antirrepublicano intento del Poder Ejecutivo se enfrentaría con un enérgico límite puesto por la máxima autoridad del Poder Judicial: en el nuestro, el presidente de la Corte, como él mismo lo ha reconocido, ha estado en ocasiones distraído “armando” tribunales que “estuvieran a la altura” de ciertos casos puntuales (como el caso de la “tragedia de Once”).

Poner límites a la prisión preventiva de los sujetos cercanos a una eventual oposición política (que hoy no parece existir, en verdad) es un agravio a la figura presidencial que no puede perdonarse.

Sin embargo, hay que decirles a los ciudadanos de a pie que no hay peor corrupción judicial que debilitar el deber que impone el mandato constitucional que obliga a los jueces a transformarse en un “freno y/o contrapeso” del enorme poder que detenta el Poder ejecutivo.

Con una oposición parlamentaria destinada sin remedio a hacer el ridículo y con un poder judicial adicto (muy obediente a la hora de encarcelar sólo a los que tengan un poder residual y a hacer la vista gorda frente a quienes tengan un poder actual y real), quienes observamos la realidad desde el Estado de Derecho sentimos un mal presagio. Hace casi dos décadas, en momentos difíciles del país, uno de mis amigos más queridos, mas inteligentes y que hoy ocupa un lugar muy importante en un organismo internacional, resumiendo una mutua catarsis de casi dos horas de análisis político-institucional, concluyó con una frase sumamente expresiva y letal: ¨temo lo peor¨. Sólo me queda hacer mía esa frase: si seguimos así ¨temo lo peor¨.

Maximiliano Rusconi es doctor en derecho (UBA), profesor titular de derecho penal (UBA) y profesor honorario (San Martín de Porres, Perú).



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