España se ha convertido, en el último año, en un país inestable. Y esto se ha dado por cuestiones netamente endógenas y, particularmente, por la avaricia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Crónica de una muerte anunciada versa, por lo tanto, sobre cómo el PSOE llegó al poder (mandato actual) y sobre cómo el mismo partido se auto-limitó, al establecer alianzas con otros partidos políticos que, cuando menos, tienen exigencias que ponen en jaque la existencia del propio gobierno y, por lo tanto, del mandato socialista.

Para dilucidar paso a paso los porqués de la situación actual que vive el gobierno español, a continuación se responderá a determinados interrogantes que, finalmente, llevarán al entendimiento de todo el proceso que culmina con un gobierno que llama a elecciones anticipadamente.

¿Qué motivos llevaron a la moción de censura y qué fundamentos tenían los argumentos a favor?

España no escapa a prácticas que se dan en todo el mundo. En el país ibérico, no es posible afirmar que la corrupción sea algo que se dé todos los días ni que esté generalizada en todos sus cuerpos políticos o de justicia, pero cada cierto tiempo explotan algunos casos de corrupción que tienen mucho renombre. En este sentido, el principal motivo (o excusa) que generó la moción de censura que terminó echando a Rajoy de La Moncloa fue el afamado “caso Gürtel”, que es un proceso judicial que intentó dilucidar si el Partido Popular se financiaba por medio de una “caja B” o, hablando en lenguaje cotidiano, con dinero negro o de proveniencia no legal. Es así que, la sentencia que dictaminó el Juez del caso dice que efectivamente el Partido Popular se había financiado con dinero malhabido, pero no pudieron determinar fehacientemente hasta qué nivel de la escala jerárquica dentro del PP se conocía esto, por lo cual la sentencia fue contra el partido (“partícipe a título lucrativo”) y contra las personas encargadas de la recaudación de fondos, culminando con 29 personas condenadas (de 37 acusados). El “caso Gürtel” fue el detonante, y el PSOE aprovechó esto para fustigar al Presidente Rajoy  (ahora ex), quien no había sido condenado, y de quien no se pudo probar participación alguna en esta trama de financiamiento ilegal.

Los medios de comunicación hicieron su parte, al hablar día y noche sobre este caso, y sobre cómo esto afectaría al gobierno. Y el gobierno, por su lado, intentaba deslindarse de ello, diciendo que la sentencia no afectaba al Presidente ni a su círculo íntimo (Ministros y Secretarios).

En cuanto a lo político, el Partido Popular contaba con 134 escaños en el Congreso de los Diputados, por lo cual para la sanción de leyes o el correcto funcionamiento del gobierno, tenía que realizar pactos o alianzas con otros partidos. Así, en el día a día, el PP contaba con el apoyo de Ciudadanos (32 escaños), UPN (2 escaños), Foro Asturias (1 escaño), el Partido Nacionalista Vasco (5 escaños) y Coalición Canaria (1 escaño).

Es así, entonces, que PSOE ve la oportunidad de, ante un gobierno que no tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y que el “caso Gürtel” lo había afectado profundamente en su imagen, presentar una moción de censura, tejiendo previamente diversas alianzas para que esa moción tenga éxito.
Es importante aclarar que, la moción de censura, en España, es constructiva. Esto quiere decir que el partido que propone una moción de censura para echar a un mandatario, tiene la obligación de presentar una propuesta alternativa de gobierno, para no dejar acéfalo el cargo de Presidente del Gobierno. Asimismo, es importante también dejar en claro que para que la moción tenga éxito, se necesita la mitad más uno de los Diputados.

A sabiendas de esta situación, el PSOE presenta la moción de censura, y propone como Presidente del nuevo gobierno a Pedro Sánchez, quien casualmente no era Diputado, pero sí Secretario General de su partido.

El principal argumento utilizado por Pedro Sánchez a la hora del debate por la moción de censura fue que la sentencia del caso Gürtel y, particularmente el Presidente Rajoy, generaron una crisis institucional que exigía una “respuesta contundente” de la cámara (dixit, Pedro Sánchez en debate por moción). Así, el PSOE exige responsabilidad política a Rajoy por la sentencia Gürtel, aduciendo que no queda otro camino que echarlo, para “proteger el prestigio de las instituciones dañadas por el PP”. En palabras de Pedro Sánchez, “La moción de censura es necesaria.
La corrupción disuelve la confianza de la sociedad en sus gobernantes, y debilita los poderes del Estado, pero también ataca de raíz a la cohesión social, en la que se fundamenta la convivencia de la democracia. Si a la sensación de impunidad, se une la incapacidad de asumir responsabilidades políticas, merma la fe en el Estado de Derecho, en las Instituciones y en la política. Rajoy en la presidencia debilita la democracia, al país y a su propio partido”
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Por otra parte, se legitimaba la moción en la necesidad de una “regeneración democrática”, afirmando que el liderazgo político del presidente quedaba débil para hacer frente a desafíos como la calidad de la democracia, la cohesión social y territorial, la despoblación, el medioambiente, la igualdad de género y la proyección internacional de España.

Si bien es cierto que la corrupción erosiona la confianza de la sociedad en sus gobernantes, la justicia es la que debe intervenir en los casos de corrupción y, cuando no se puede demostrar la participación de determinadas autoridades, eso significa que las mismas están libres de culpa y cargo. Asimismo, la justicia española goza actualmente de buena salud y tiene un prestigio importante, por lo que no puede afirmarse que “merma la fe en el Estado de Derecho”, ya que el Estado de Derecho significa que el poder político se supedite a la ley y, teniendo en cuenta el fallo judicial, muchos políticos terminaron condenados. Eso quiere decir que el Estado de Derecho tiene plena vigencia en España. Por otra parte, no existe conexión lógica de causa-consecuencia entre la existencia de corrupción y la pérdida de cohesión social, ya que la corrupción es algo comprobable fácticamente, y la cohesión social es más bien un sentimiento. Así, existe un error al creer que la cohesión social es la que fundamenta la convivencia de la democracia. La democracia es la gestión de las diferencias, y la cohesión, por otro lado, es la unión o adhesión bajo un mismo pensamiento, idea o proyecto. Así, si la sociedad estuviese cohesionada, se estaría afirmando que la sociedad es toda igual y que todos piensan lo mismo. Por el contrario, y como se afirmó, la democracia es la gestión de las diferencias, ya que se acepta que no todos somos iguales y que se debe aceptar las opiniones divergentes y, así, enriquecer el debate público.

¿Qué apoyos tiene el gobierno y en qué medida esos apoyos influyen la agenda de gobierno?

Para responder a este apartado, es importante saber que el Congreso de los Diputados de España cuenta con 350 escaños, que se reparten de manera proporcional, elegidos por medio de listas cerradas en cada circunscripción electoral. De esos 350 escaños, 102 son otorgados a las provincias (2 por provincia, 50 provincias, y 1 para Ceuta y otro para Melilla). Los restantes escaños son repartidos por medio de la fórmula D´Hondt. Por otra parte, el Senado español funciona como cámara de segunda lectura en el proceso legislativo, no teniendo poder de decisión alguna en la moción de censura.

Sabiendo que el PP contaba con 134 escaños en el Congreso de los Diputados, el PSOE (con 84 escaños) tuvo que realizar alianzas con otros partidos para que su moción de censura prospere. Así, en la votación por la moción el PSOE tuvo el acompañamiento de Unidos Podemos (67 Diputados), Esquerra Republicana de Cataluña (partido independentista catalán, 9 Diputados), Democràcia i Llibertat (independentista catalán, 8 escaños), Partido Nacionalista Vasco (partido nacionalista moderado, 5 escaños), Compromìs (catalanes, 4 escaños), EH Bildu (partido separatista vasco, 2 escaños), y Nueva Canarias (1 escaño). De esta manera, el PSOE pudo juntar 180 votos a favor de la moción de censura, hubo 1 abstención, y 169 Diputados votaron en contra de la moción de censura.

Viendo la composición del Congreso de los Diputados, el PSOE no podía gobernar por sí mismo (debido a la falta de escaños en la Cámara), por lo que necesariamente debió negociar con todos sus aliados de la moción de censura determinadas posiciones. Así, por ejemplo, la posición del Gobierno Español respecto a la economía pasó a ser prácticamente manejada por PODEMOS. Asimismo, también cambió drásticamente la posición del Gobierno Español con respecto a Cataluña. Se pasó de un Gobierno que había intervenido a Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución Nacional, a uno que dejaba gobernar a los independentistas catalanes y presionar cada vez más al gobierno nacional, con la excusa de que el intento de independencia catalán es una cuestión política, y la política se resuelve con diálogo.

De esta manera, y ante la necesidad del PSOE de contar con aliados para llegar al poder, es que el mismo PSOE se ha visto totalmente condicionado en su accionar diario, al punto tal de prácticamente entregar la agenda económica a PODEMOS, y la agenda territorial a los independentistas, sin resolver firmemente ninguno de los temas.

¿Qué políticas reales y estrategias ha llevado a cabo el gobierno?

En los poco más de nueve meses de gobierno –desde la jura de Pedro Sánchez como presidente el 2 de junio de 2018 hasta la convocatoria de elecciones y disolución de las Cortes Generales (todo el Poder Legislativo) el 5 de marzo de 2019- se han aprobado 41 normativas: 13 Leyes -5 de ellas de naturaleza orgánica- y 28 Reales Decretos-leyes.

De tales iniciativas, 29 fueron propuestas por el gobierno, 5 por el gobierno anterior y 7 por otros grupos parlamentarios o instituciones –sólo una de ellas fue del Grupo Parlamentario Socialista, y fue presentada antes de la moción de censura-. Por la pertenencia a la Unión Europea, parte de esta legislación se deriva de la transposición de normativa comunitaria.

Con todo, resta analizar el contenido de las iniciativas cuyo origen fue el Gobierno. En su declaración institucional para anunciar la convocatoria de elecciones, el presidente Sánchez señaló tres objetivos de su gobierno: consolidar el crecimiento y crear empleo, reconstruir el Estado de Bienestar y reforzar las instituciones democráticas.

En cuanto al primer objetivo, se aprobó normativa sobre empleo, energía, competitividad empresarial, protección de datos personales, seguridad en redes de información, transportes, tráfico ilegal, infraestructuras, industria del carbón (para ofrecer ayudas y cubrir cierres derivados de industrias mineras no competitivas) y Ciencia e Innovación.

En cuanto al segundo objetivo, se aprobó legislación sobre Sanidad (para volver a incluir la atención sanitaria a inmigrantes ilegales), pensiones (para revalorizar las pensiones con el Índice de Precios del Consumidor), violencia de género (para fortalecer la tutela judicial y acceso a la justicia y recursos de asistencia de víctimas de violencia de género), industria artística  y retribuciones del sector público (para garantizar las subidas salariales de los trabajadores del sector público por la prórroga de los presupuestos para 2018).

En cuanto al tercer y último objetivo, se aprobó normativa sobre la Corporación de Radio y Televisión Española –o RTVE- (para renovar los miembros de su Consejo de Administración y la presidencia), Memoria Histórica (para establecer el marco jurídico para la exhumación de Francisco Franco, con el pretexto de no haber fallecido en la Guerra Civil) e instituciones económico-financieras (con la creación de una Autoridad Macroprudencial, con objeto de que diversas instituciones tengan más herramientas de control económico-financiero).

Observando los apoyos parlamentarios en la moción de censura que dio origen al gobierno, es necesario señalar que en 15 de las 29 iniciativas del Ejecutivo hubo unanimidad o apoyo prácticamente total de la oposición, y tan sólo oposición por parte del PP o Ciudadanos en las restantes 14: 6 en forma de “no” por alguno de ellos (renovación de RTVE, universalidad de la Sanidad, Autoridad Macroprudencial, medidas en materia tributaria y catastral y carreteras y transportes) y 9 en forma de “abstención” por alguno de ellos (Memoria Histórica, pensiones, impuestos y medidas tributarias, industria del carbón, instituciones económico-financieras, transición energética y competitividad empresarial).

Así, se puede observar que los temas más polémicos de la época del gobierno de Pedro Sánchez son, entre otros, la renovación del ente público RTVE, la concesión de atención sanitaria a la inmigración ilegal, la exhumación de Francisco Franco, la revalorización de las pensiones (con la ruptura del Pacto de Toledo, acuerdo multipartidario sobre el sistema de pensiones) y la obligación a que sea la Banca el que pague el impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales en la celebración de contratos hipotecarios. A ello hay que añadir la estrategia en Cataluña (con la celebración de varias reuniones bilaterales y la propuesta fallida de un relator para una hipotética mediación), el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA al País Vasco, la acogida de un barco de inmigrantes rechazado por Francia e Italia, la dimisión de varios Ministros y el nepotismo en el nombramiento de altos cargos (como su mujer, como directora del Africa Center).

Dicho esto, hay tres ejes básicos de crítica a las políticas y gestión del gobierno de Sánchez: la estrategia en torno al denominado “problema catalán”, la ruptura del consenso de la Transición y las consecuencias económicas de sus políticas.

En cuanto al primer asunto, además de denunciar la aceptación del apoyo parlamentario en la moción de censura de los partidos independentistas catalanes, se destaca la cesión en determinados puntos (como las prometidas inversiones públicas, la figura de un  mediador, el cambio de criterio jurídico de la Abogacía del Estado en el juicio del “procés” o el mantenimiento de encuentros y conversaciones bilaterales con dirigentes independentistas sin que éstos dejen de exigir el derecho a la autodeterminación, entre otros) y la falta de interlocución con las fuerzas no independentistas.

En cuanto al segundo tema, se hace referencia a la continuación de la estrategia ya iniciada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que aprobó la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Se critica que, con la excusa de garantizar un enterramiento digno a las víctimas de la Guerra Civil, se imponga una determinada visión de la historia de España y se deslegitime el periodo de la Transición y, en consecuencia, el actual sistema, por no haber supuesto una ruptura –y sí una reforma pactada- con el régimen de Francisco Franco.

Por último, una crítica recurrente son los efectos económicos de las medidas presentadas y aprobadas, como las relativas a ayudas, impuestos (como al diésel), beneficios fiscales y la revalorización de las pensiones. El hecho de que, por efecto del rechazo parlamentario de los presupuestos, las medidas que conllevan un aumento sustancial del gasto público no hayan sido acompañadas de determinadas disposiciones previstas para aumentar los ingresos públicos, podría alterar la senda de reducción del déficit público y de la deuda pública (que se sitúa en el entorno del 84,1% del PIB a finales de 2018). Ello, sin considerar otras medidas anunciadas y de momento no convalidadas, como la histórica oferta de empleo público prevista, y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (con la consecuente reducción de la plantilla de diversas empresas, o la dificultad que genera para algunas empresas para contratar nuevos empleados, generando una pérdida estimada de 160.000 empleos privados).

¿Qué factores han llevado al adelanto electoral?

Como se ha señalado, el presidente anunció que se convocarían elecciones el próximo 28 de abril de 2018 con la disolución de las Cámaras parlamentarias el 5 de marzo. Una vez vistos los motivos que llevaron a la censura del anterior gobierno –o bien a la formación del nuevo Ejecutivo- y sus apoyos parlamentarios, así como su acción, queda realizar un análisis de los factores que han llevado al adelanto electoral.

Caben dos lecturas a este respecto. Por un lado, una lectura ideológica –que defendió el propio presidente- señalaría que el rechazo de los Presupuestos por el Poder Legislativo ha hecho imposible la ejecución de la agenda política del gobierno, bien sea porque la prórroga de los presupuestos anteriores contraría las medidas de carácter “social” anunciadas, o bien porque el propio Ejecutivo considera que se le ha retirado la confianza parlamentaria para continuar con su proyecto.

Sin embargo, una lectura pragmático-racional señalaría que el rechazo de los Presupuestos es una oportunidad para establecer un discurso político y electoral por el cual se contraponga a un gobierno que ya ha elaborado múltiples políticas “sociales” y que tenía una agenda clara, una oposición que ha impedido la aprobación de las citadas medidas “populares”. Así, el Partido Socialista se situaría electoralmente como un partido de gobierno –con una estrategia posible y elaborada con dos objetivos: social y de resolución del “problema catalán”- frente a una oposición enfrentada y polarizada en torno a la cuestión nacional. Esta posición se ve reforzada por el hecho de que la práctica totalidad de sondeos pronostican que el Partido Socialista será primera fuerza en el Congreso de los Diputados, aunque no es claro si podrá formar de nuevo gobierno, sea repitiendo la fórmula con Unidos Podemos y sus confluencias y los partidos nacionalistas e independentistas o bien con un pacto –hoy lejano- con Ciudadanos.

El resto de actores acogen la interpretación del gobierno –las fuerzas no nacionalistas de izquierda-, señalan que el gobierno no ha sabido negociar con los independentistas catalanes o afirman que ha sido el espíritu de la “Plaza Colón” –la manifestación del día 10 de febrero en Madrid apoyada por PP, Ciudadanos y Vox- o el clamor contra un gobierno que ha realizado excesivas concesiones al independentismo catalán y al comunismo de PODEMOS, y que no ha sabido ganarse el apoyo parlamentario de las fuerzas no nacionalistas el que ha propiciado el adelanto electoral.

CONCLUSIONES

En este artículo se ha hecho un repaso aproximado por las motivaciones de la moción de censura, los apoyos con los que ha contado el gobierno de Pedro Sánchez, las políticas y estrategias que ha llevado a cabo y los factores que han llevado al adelanto electoral.

Aquel gobierno de España que surgió reivindicando la regeneración frente a un Ejecutivo de Rajoy “asediado” por la corrupción, ha basado su gestión en dos frentes: por un lado, ejecutar una política social basada en la expansión del gasto público; y por el otro, realizar un intento de “solución” de la crisis territorial.

No es novedosa la existencia de cierto discurso que hace considerar que toda angustia y desesperanza de los ciudadanos tiene solución a través de la política. Sin embargo, el ejercicio del gobierno está limitado en todo momento: de ahí la tensión que existe entre la representación de los intereses y deseos de los ciudadanos (responsividad) y la adecuada comprensión de los factores que conforman el contexto y las consecuencias de las acciones políticas (responsabilidad). Así, es irresponsable que un representante anime a los ciudadanos a situar todas sus esperanzas en la política, pues ello tiene como consecuencia el aumento de la desafección política y las actitudes anti-políticas. La política es necesaria, pero no lo es todo.

Tal convicción no es propia de los partidos independentistas y, tampoco de aquellos que plantean una ruptura a través de una estrategia populista del statu quo. Unos afirman que en la formación de un Estado independiente que coincida plenamente con la pretendida nación catalana hallarán un futuro de naturaleza divina. Otros consideran que en la ruptura del pretendido yugo de una élite con intereses contrapuestos a un pueblo puro hallarán un futuro de felicidad ilimitada.

Y ahí reside la problemática de la elección del gobierno entre quién es el aliado y quién no. Más allá de la constatación de la imposibilidad de resolución definitiva de la crisis territorial y de la necesidad de una gestión adecuada del mismo, el gobierno ha considerado que eran los partidos nacionalistas e independentistas, así como las fuerzas de izquierda y extrema izquierda quienes eran los interlocutores prioritarios para resolver el gran desafío nacional. En ese viraje ha establecido una estrategia de polarización que ha posicionado, al menos en su retórica, a los partidos de centro, centro-derecha y derecha como deslegitimados para intervenir en el debate público.

Es decir, no sólo se ha propiciado una estrategia de polarización en pos de una victoria electoral y comunicativa, sino que, sabiendo eso, se promete un edén imposible. La democracia representativa, como todo tipo de sistema de gobierno, necesita de líderes responsables. Y no es posible afirmar, de forma a la vez consciente y honesta, que se pueda resolver la crisis territorial en España. Y mucho menos de ese modo. Por ello, existen indicios favorables a la tesis de que el gobierno ha estado más interesado en establecer los términos de la próxima contienda electoral y comunicativa –una cierta “guerra cultural”-, que de realmente gestionar la crisis territorial, la reversión de las dinámicas polarizadoras en la contienda política, la consecución de necesarios y esperados Pactos de Estado en cuestiones clave (como la Educación o el Sistema de la Seguridad Social) y, en general, la mejora de la confianza de los españoles en sus instituciones y en los representantes públicos. Las elecciones marcarán quién escriba las mayúsculas en las siguientes líneas de la historia política española. Que esas mayúsculas vayan en pos del interés general de los españoles dependerá enteramente de los propios ciudadanos.

Antonio A. Fratamico y José Manuel León Ranero, Mgs. en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública