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El Observatorio Cubano de DD.HH. pide a la Asamblea Nacional que declare inconstitucional la «Ley Azote»

Las maneras del régimen cubano para reprimir y silenciar las críticas son Múltiples. La última es el manipulación que está haciendo el Gobierno de Miguel Díaz-Canel del Decreto-Ley 370, más conocido Del mismo modo que «Ley Azote». Aprobado en diciembre de 2018, ha sido A partir del mes de enero en el que ha sido utilizado contra todos aquellos que fotografiaban o escribían algo que al régimen le molestara, especialmente en relación con la administración del coronavirus en la isla. En estos cuatro primeros meses del año, una veintena de periodistas indpendientes han sido detenidos y sancionados con multas que ascienden a 3.000 pesos (120 dólares). Esto ha llevado a numerosas organizaciones a denunciar este decreto y solicitar su derogación. La última ha sido el Observatorio Cubano de Derechos (OCDH), que ha solicitado a la Reunión Nacional de Cuba que declare inconstitucional dicho decreto. Lo ha hecho Mediante una exigencia presentada ante la institución este miércoles por los activistas Enix Berrio Sardá y Luis Manuel Otero Alcántara, representantes de la ONG, en La Habana. En ella se pide a la Reunión Nacional que «revise y declare inconstitucionales» dos artículos del Decreto-Ley 370 que regula el manipulación de las nuevas tecnologías en la isla, Conforme ha informado la ONG, con sede en La capital española, por medio de un parte. Según el organismo, el artículo 68 del Decreto-Ley 370 «entra en colisión directa» con el artículo 54 de la Constitución cubana sobre el «supuesto respeto y garantía de la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». Dicho artículo considera delito «difundir, En medio las redes públicas de transmisión de data, datos contraria al interés social, la ética, las buenas costumbres y la integridad de las personas», un delito que lleva asociada una sanción de 3.000 pesos. Censura política y cultural
Para la ONG, la aplicación de este artículo es una forma «encubierta e ilegal» de extender el alcance punitivo y la censura política y cultural «bajo la apariencia de normas administrativas en contra de actuaciones que no van en contra de los bienes jurídicos más importantes (…) Queremos llamar la atención -subraya la denuncia- de que en estos momentos las autoridades están usando el precitado artículo para sancionar con multas significativas a ciudadanos por sus publicaciones en redes sociales abiertas, Asimismo que Facebook y Twitter, o por enviar artículos y noticias a medios de comunicación independientes de los oficiales». El 2do artículo que exigencia el OCDH es el número 76, que Conforme la ONG se «contradice» con el artículo 99 de la Constitución cubana, «sobre daños o bien perjuicios sufridos por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, y la correspondiente reparación o bien indemnización». Asimismo se contradice, Según expresan en el comunicado, con el derecho consagrado en el artículo 94 de la Carta Magna, «sobre el a causa proceso en los campos judicial y administrativo y, por ende, con los derechos de reparación por los daños materiales y morales e indemnización por perjuicios». Impunidad
«En cualquier caso -concluye el comunicado-, el artículo 76 del Decreto Ley 370 que se cuestiona, limita de forma inconstitucional el derecho que ha querido asegurar la Constitución Al igual que protección del ciudadano frente las actuaciones u omisiones indebidas, entre otros, de las autoridades estatales. Y ello tiene el gran peligro de alimentar la impunidad de la administración en sus actuaciones, dado que tendría una especie de fuero o bien inmunidad», argumenta el OCDH.