Los funcionarios cubanas informaron Ayer «ilícita» la marcha convocada para el 15 de noviembre (15N) por la plataforma del grupo Archipiélago y alegaron que constituye una violación a la Constitución de 2019. «En cuanto a la solicitud, no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha. Los promotores y sus proyecciones públicas, En este sentido De la misma forma que los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o bien agencias financiadas por el Gobierno estadounidense tienen la pretensión manifiesta de promover un repuesto de sistema burócrata en Cuba». Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación Del mismo modo que parte de la estrategia de repuesto de régimen para Cuba, ensayada en otros países. «Además, apenas se afirmó, la marcha había recibido el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicaión que alientan acciones en contra de el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la cirugía militar», refirió Alexis Acosta Silva, Intendente del Consejo de la Administración de la Habana Vieja, en la misiva enviada al dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los coordinadores del conjunto Archipiélago. Conforme los organizadores, la marcha pretende protestar en contra de la violencia, exigir el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos, De este modo De exactamente la misma manera que abogar por la solución pacífica y democrática de las diferencias entre los cubanos. Si es que bien, en el documento, titulado «Respuesta al documento presentado acerca de la Resolución de realizar una marcha con fines desestabilizadores», Acosta Silva cita el artículo 45 de la Carta Magna, el cual estipula que el «ejercicio de los derechos de las personas Sólo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al mandato público, a la Constitución y a las leyes»; y el artículo 4, que establece el carácter «irrevocable» del sistema socialista, «por lo cual toda acción ejercida en su en contra de es ilícita», explica. Asimismo, expone que la Constitución, «aprobada en referendo por el 86,85 % de los votantes», dispone «el derecho de combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el mandato funcionario, social y económico establecido». La pasada semana, el conjunto Archipiélago se vio obligado a adelantar para el 15N la Marcha Cívica por el Recambio, inicialmente convocada para el 20 de noviembre (20N), a continuación de que el Ministerio de las Fuezas Armadas Revolucionarias (MINFAR) anunciara La militarización total del país para la realización ejercicios militares los días 18 y 19 de noviembre, culminando el 20N, declarado Día Nacional de la Defensa. Vulneración de los derechos humanos
Prisoners Defenders indica que, «si se esgrime el art. 4 de irrevocabilidad del sistema, y se proscribe que el pueblo exponga su opinión en manifestación pacífica, se niega de norma y de facto la soberanía del pueblo sobre su sistema y evolución, lo que confirma una tiranía en contra del pueblo». A su vez, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la prohibición de la marcha pacífica, alegando que Se trata de «una flagrante vulneración de los derechos humanos». Mediante un parte oficial, la organización refirió que, en medio de «un clima de amenazas, detenciones arbitrarias y retenciones en casas de los promotores de la iniciativa, el Gobierno cubano una vez más cierra las puertas a la participación ciudadana, por medio de la criminalización del ejercicio de un derecho». El OCDH culmina haciendo un llamado a la Unión Europea a fin de que «condene esta clara violación de los derechos humanos en Cuba, incompatible con el Consenso de Diálogo Burócrata y Cooperación entre Cuba y la UE». Para los numerosos intelectuales, periodistas, artistas, activistas de derechos humanos y representantes de la sociedad civil que integran la plataforma, «la contestación del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia constitución y que violan los Derechos Humanos de los cubanos. La respuesta del régimen ha dejado en ridículo al propio presidenta del Tribunal Supremo quien afirmó que Cuba respetaría el derecho a la manifestación. La contestación del régimen está llena de falsedades, difamaciones y mentiras. La contestación del régimen constituye un crimen». Por lo tanto, Pese a la negativa de las autoridades cubanas, la Resolución del grupo Archipiélago fue firme: «El 15 de noviembre nuestra Resolución personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Ante al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo».