Un nuevo enfoque en la compra de medicamentos por parte del Gobierno anterior
En una reciente conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Ministerio de Capital Humano ha denunciado graves irregularidades en la compra de medicamentos destinados a pacientes oncológicos o con patologías crónicas durante la gestión anterior de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Según Adorni, el gobierno anterior dejó un sistema “impune”, en el cual se realizaron compras sin ninguna justificación ni comparativa con otros proveedores. Además, destacó que la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) manejaba un presupuesto de mil millones de pesos.
Esta situación pone en evidencia la falta de transparencia y el abuso de poder de la clase política. Sin embargo, estas irregularidades no son un hecho aislado, ya que recientemente el Ministerio de Seguridad denunció abusos sexuales a cambio de planes sociales por parte de exfuncionarios y piqueteros del gobierno anterior.
La importancia de un nuevo esquema de compra transparente
Ante estos escandalosos hallazgos, es fundamental implementar un nuevo esquema de compra transparente que garantice la adquisición eficiente y justa de los medicamentos necesarios para aquellos pacientes con enfermedades crónicas.
Una de las principales problemáticas detectadas es el proceso de selección de proveedores de la DADSE. Se ha comprobado que se realizaba a través de correos electrónicos informales, sin la debida seguridad y sin la certificación de la titularidad de los usuarios involucrados.
Además, los presupuestos presentados por los proveedores eran informales y carecían de firma y rigurosidad. No se realizaban cuadros comparativos, lo cual va en contra de las normas establecidas para este tipo de compras.
La nueva dirección y su presupuesto
En vista de estas irregularidades, la DADSE pasará a formar parte del Ministerio de Salud, bajo la dirección del ministro Mario Antonio Russo. Todo su presupuesto, que asciende a .985.218.890, será transferido para garantizar una gestión transparente y eficiente de la adquisición de medicamentos.
Es necesario que estas denuncias sean investigadas por la Justicia y se tomen las medidas correspondientes para evitar que situaciones tan sensibles como estas se repitan. La salud y el bienestar de los ciudadanos no deben ser vulnerados por negocios imperdonables llevados a cabo por funcionarios públicos.