Buscan garantizar por ley que la red de ciclovías de CABA no pueda reducirse

Si usás la bici para moverte por la ciudad, atentos: un grupo de legisladores porteños presentó un proyecto que busca blindar la red actual de ciclovías, bicisendas y ciclocarriles para que no se pueda reducir de forma permanente.

La iniciativa, que modifica el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, establece que cualquier cambio que implique la eliminación o reducción de infraestructura ciclable debe ser compensado con una nueva ciclovía de igual o mayor extensión y seguridad en la misma comuna. Además, durante las obras, se deberán garantizar alternativas seguras y temporales para los ciclistas.

El proyecto también incorpora mecanismos de participación ciudadana obligatorios antes de cualquier modificación y crea instancias de control para que los vecinos puedan seguir el cumplimiento de la norma. De esta manera, se busca evitar que las ciclovías queden como algo provisorio que se instala y después se saca según el gobierno de turno.

En los últimos años, la red de ciclovías de Buenos Aires creció de manera significativa, pero también generó debates en varios barrios. Vecinos y comerciantes de algunas zonas reclamaron por el espacio que ocupan en calles y avenidas, mientras que ciclistas y organizaciones ambientalistas defienden su rol en la movilidad sostenible y la seguridad vial.

Desde la perspectiva de quien usa la ciudad todos los días, una ciclovía no es solo una línea pintada: es una cuestión de seguridad. Las mujeres, por ejemplo, valoramos especialmente los tramos protegidos y bien iluminados cuando volvemos tarde. Reducir la red sin alternativas reales termina empujando a más personas al transporte público saturado o al auto, con todo lo que eso implica en tiempos y contaminación.

El proyecto llega en un momento en que varias obras y cambios en el espacio público pusieron otra vez en discusión el futuro de algunas bicisendas. Según los impulsores, la idea es que la infraestructura para bicicletas deje de depender de la voluntad política y pase a ser un derecho con respaldo legal.

Entre las obligaciones que impondría la norma figuran estudios previos de impacto, audiencias públicas y la obligación de informar con anticipación a los vecinos afectados. También se propone que la compensación no sea solo en metros lineales, sino que mantenga o mejore los estándares de seguridad y conectividad de la red existente.

Si se aprueba, la Ciudad se sumaría a otras urbes que ya avanzaron en legislación similar para proteger la infraestructura ciclable como parte de una política de movilidad a largo plazo. Por ahora, el proyecto ingresó formalmente y comenzará su debate en las comisiones de la Legislatura.

Desde Almagro hasta los barrios del sur, miles de personas dependen de estas vías para ir al trabajo, estudiar o hacer trámites. Mantener y ampliar la red, con reglas claras, podría ser un paso para que la bici deje de ser una opción secundaria y se consolide como un transporte cotidiano seguro y eficiente.