Consorcios porteños: qué tiene que informar el administrador y qué pueden controlar los propietarios
Registro, liquidación de expensas, mandato, honorarios y rendición de cuentas: qué exige la Ley 941 de la Ciudad y cómo pueden controlar los propietarios la administración de su edificio.
En la Ciudad de Buenos Aires, el administrador de un consorcio tiene que estar inscripto en un registro público, rendir cuentas a la asamblea y cumplir con lo que la ley exige en cada liquidación de expensas. Conocer esas reglas es la mejor herramienta que tiene un propietario para controlar cómo se maneja el dinero de su edificio, y es también el punto de partida para quien piensa dedicarse a la administración de consorcios.
¿Qué normas rigen a los administradores en la Ciudad?
El Código Civil y Comercial de la Nación regula la propiedad horizontal en todo el país: define al consorcio, la asamblea, el consejo de propietarios y la figura del administrador. En la Ciudad rige, además, la Ley 941, que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal. Nadie puede administrar un edificio porteño, cobre o no por hacerlo, sin estar inscripto en ese registro. La excepción son los propietarios que administran su propio edificio sin cobrar, que se registran como administradores voluntarios. En otras jurisdicciones las reglas de inscripción son distintas y están en la norma local.
¿Qué conviene mirar en la liquidación de expensas?
La Ley 941 detalla lo que debe contener la liquidación mensual. Uno de los puntos que más conviene revisar es el recibo de honorarios del administrador, que tiene que figurar con su CUIT, su número de inscripción en el registro, su situación fiscal, el importe total y el período que cobra. Si ese recibo no aparece, o el número de inscripción no coincide, es la primera pregunta para hacer en la próxima asamblea.
¿Cuánto dura el mandato y quién fija los honorarios?
El mandato del administrador dura un año, y la asamblea puede renovarlo o terminarlo antes. Los honorarios no tienen una tabla oficial: la ley establece que se acuerdan entre el administrador y la asamblea de propietarios, y que sólo pueden modificarse con la aprobación de una asamblea. Cada año, además, el administrador presenta ante el registro una declaración jurada con los consorcios que administra, las actas de rendición de cuentas y la constancia del pago de las cargas sociales del personal y de los mantenimientos obligatorios.
¿Qué pueden controlar los propietarios?
Una lista práctica para llevar a la próxima reunión de consorcio:
- Que el administrador esté inscripto en el registro de la Ciudad y que su número figure en la liquidación.
- Que el honorario cobrado coincida con el que aprobó la asamblea.
- Que los gastos tengan sus comprobantes y estén disponibles para consulta.
- Que el personal del edificio esté registrado y con las cargas sociales al día.
- Que la rendición de cuentas anual se presente y se apruebe en asamblea.
El Código prevé que la asamblea pueda designar un consejo de propietarios, que controla los aspectos económicos y financieros del consorcio y puede convocar a asamblea si el administrador no lo hace. Si el edificio lo tiene, es el órgano indicado para hacer ese seguimiento entre asamblea y asamblea.
¿Qué hace falta para dedicarse a administrar consorcios?
Para inscribirse en el registro porteño, la Ley 941 pide, entre otros requisitos, el certificado de antecedentes penales, el informe del Registro de Juicios Universales y la aprobación de un curso de capacitación en administración de consorcios. Una disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor fija para ese curso inicial un mínimo de 60 horas, dictado por entidades autorizadas, y desde agosto de 2026 rige además un reglamento nuevo para acreditar la idoneidad.
Para quien quiere conocer el trabajo antes de dar ese paso, o para el propietario que integra un consejo, el curso de administración de consorcios de CETAE, una marca con trayectoria en la formación profesional en la Argentina, recorre en 18 horas y 12 clases el reglamento y los órganos del consorcio, las asambleas, la liquidación de expensas, el seguimiento de la morosidad, el personal del edificio, los libros obligatorios y los seguros. Se cursa a distancia, al propio ritmo, y entrega un certificado de finalización de carácter privado y no oficial: no reemplaza el curso que exige el registro ni da la inscripción.