Acuerdo con EE.UU.: la presión por las semillas y el timing electoral que complica al Gobierno

El acuerdo de comercio entre Argentina y Estados Unidos (ARTI) entró en su hora clave tras la firma del protocolo adicional que permite remitirlo al Congreso. El Gobierno de Javier Milei ahora debe traducir en leyes los compromisos asumidos con el gabinete de Donald Trump en febrero, pero enfrenta presiones de Washington y un calendario electoral que acorta los tiempos.

Según fuentes del sector privado, el principal foco de tensión es la propiedad intelectual aplicada a las semillas. Estados Unidos reclama que Argentina adhiera a UPOV-91, el Acta de 1991 del convenio internacional que regula los derechos de obtentor sobre nuevas variedades vegetales. El Ejecutivo, en cambio, busca primero cerrar una nueva ley de semillas que logre consenso entre productores y empresas.

En números: Argentina adhiere desde 1994 a la versión de 1978 de UPOV y su ley de semillas data de 1973. Ese marco permite el "uso propio" gratuito: el productor puede guardar semilla de su cosecha para resembrar sin pagar regalías. La versión 91 amplía los derechos de las semilleras, extiende la protección de 15 a 20 años y deja en manos del país el alcance de las excepciones.

El conflicto se concentra principalmente en soja y trigo, donde el guardado de semilla es habitual. En marzo, la Mesa de Enlace propuso mantener el uso propio gratuito hasta 500 hectáreas, cobrar por el excedente con monto fijo y tope de tres multiplicaciones. La industria lo rechazó y, aunque después amplió el universo de exceptuados, el acuerdo sigue sin cerrarse.

"Para nosotros UPOV 91 es una condición necesaria", sostuvieron fuentes empresarias en reuniones sectoriales. Desde AmCham Argentina, su CEO Alejandro Díaz planteó que el mejor escenario sería aprobar UPOV-91 manteniendo la ley de patentes vigente, sin necesidad de una nueva ley de semillas. "No consideramos que sea necesario un punto intermedio entre las demandas de los dos sectores", afirmó.

Del lado de los productores persiste la desconfianza sobre los precios de las tecnologías y las garantías futuras. Las empresas, como prueba de interés, exhiben más de 30.000 licencias firmadas voluntariamente en su sistema privado de cobro de regalías.

Traducido al bolsillo del productor: si se aprueba UPOV-91 sin excepciones amplias, quien siembra soja o trigo podría tener que pagar regalías por más años y sobre una porción mayor de lo que guarda para resembrar. Eso impacta directamente en el costo de producción y en el margen bruto de cada campaña.

El Gobierno reconoce que se involucró durante todo el año en las conversaciones y que hubo avances, pero fuentes oficiales admitieron: "Imposible que UPOV pase si lo otro no está acordado". En paralelo, el Ejecutivo ya avanzó por vía administrativa: en junio el INPI derogó la Resolución 283/2015 que restringía patentes biotecnológicas, apenas dos semanas después de una misión del Departamento de Agricultura de EE.UU.

El ARTI compite en la agenda legislativa con unas 50 iniciativas. El Gobierno las ordena en dos tandas: una para 2026-2027 y otra para 2028 en adelante, atada a la hipótesis de reelección. La llave está en los gobernadores y en los votos que cada reforma puede reunir. Fuentes privadas advierten que el ARTI todavía no tiene el caudal necesario porque "no todos ven visible la necesidad o la conveniencia de esa relación bilateral".

La alternativa que gana terreno es tratarlo en las sesiones extraordinarias de 2026. A partir de marzo de 2027, según las mismas fuentes, la actividad legislativa cae fuerte por el año electoral. En Washington también hay timing: en noviembre de 2026 se renuevan la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Aunque desde AmCham sostienen que el resultado de medio término no impactará la relación comercial, la presión estadounidense para mostrar avances antes de ese cambio es evidente.

En los papeles, Argentina se comprometió a presentar la iniciativa antes de diciembre de 2027. Pero tanto el sector privado como Washington quieren que el tema se resuelva antes. La modernización de la ley de semillas, la adhesión a UPOV-91 y un nuevo sistema de fiscalización se ven como un paquete indivisible para la industria.

Qué significa esto para tu bolsillo y para el campo: si el acuerdo avanza, puede facilitar la llegada de nuevas tecnologías en biotecnología y fitomejoramiento, lo que a mediano plazo podría mejorar rindes y competitividad. Pero el costo de esa modernización lo terminarán pagando, en buena medida, los productores a través de regalías más altas y por más tiempo.

El Gobierno busca cerrar un punto de equilibrio. Mientras los compromisos que no requieren ley avanzan por resolución semanal, el capítulo arancelario y la propiedad intelectual necesitan aprobación del Congreso. Si no se logra en la ventana de 2026, el ARTI quedará condicionado por un año electoral que complica todo.