Caputo avanza con privatización de rutas nacionales: suma 27 tramos a licitar en un año

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, avanza con el plan de privatización de rutas nacionales. Este viernes 13 de noviembre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1358/2026, firmado por Javier Milei y el propio Caputo, que incorpora 27 nuevos tramos a la Red Federal de Concesiones.

La medida establece que la Secretaría de Transporte deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional dentro de los próximos 12 meses. El objetivo es transferir al sector privado la operación, el mantenimiento, la rehabilitación y la ampliación de esos corredores viales.

En números: con las etapas ya licitadas (I, II, II-B y III), el Gobierno ya tiene más de 9.000 kilómetros de rutas bajo gestión privada. Ahora busca sumar un nuevo paquete importante de infraestructura que hoy sigue en manos del Estado.

¿Qué rutas entran en esta nueva ronda?

• Ruta Nacional 3 (Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz)
• Ruta Nacional 9 (Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy)
• Ruta Nacional 11 (Santa Fe, Chaco y Formosa)
• Ruta Nacional 12 (Entre Ríos)
• Ruta Nacional 14 (Corrientes y Misiones)
• Tramos de las rutas 22, 33, 34 y 35, entre otras.

El decreto aclara que, aunque algunas de estas rutas ya tienen sectores concesionados en etapas anteriores, los nuevos tramos son diferentes y no se superponen con los ya adjudicados.

Cómo se financiará y qué podrán hacer los privados

Los corredores se concesionarán bajo el sistema de peaje, tal como ocurrió con las etapas previas. Los privados podrán encargarse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario. Además, podrán desarrollar explotaciones complementarias que generen ingresos extras.

Todavía no están definidos los corredores definitivos. La Secretaría de Transporte, con un informe técnico previo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), será la que termine de armar los paquetes licitables. El único límite es que no pueden incluir sectores ya concesionados.

El marco legal y el argumento del Gobierno

Esta ampliación se apoya en la Ley Bases (27.742) y en la Ley 17.520 de Concesiones. El Gobierno sostiene que este esquema es la herramienta más adecuada para optimizar el uso de recursos públicos, atraer inversión privada y garantizar el mantenimiento de la infraestructura sin que el Estado tenga que poner toda la plata.

Según los considerandos del decreto, la participación privada permite promover las inversiones necesarias para conservar, rehabilitar y ampliar las rutas, asegurando la calidad del servicio para los usuarios.

La Dirección Nacional de Vialidad quedará como autoridad de aplicación: se encargará de la supervisión y el control de los contratos que se firmen.

Qué significa esto para tu bolsillo

Si se concreta la licitación, es probable que en los próximos años aparezcan nuevos peajes o aumenten los existentes en estos corredores. Para el que viaja por ruta (ya sea en auto, camión o colectivo), eso se traduce en un costo extra de transporte. A cambio, el Gobierno promete mejor mantenimiento, menos pozos y mayor seguridad vial.

Desde el lado del comerciante, los que mueven mercadería por estas rutas podrían enfrentar costos logísticos más altos, pero también la posibilidad de viajar sobre infraestructura en mejores condiciones, lo que reduce tiempos y riesgos de accidentes.

Próximos pasos

El Ministerio de Economía tiene un año para sacar los pliegos y llamar a licitación. Mientras tanto, Vialidad Nacional deberá terminar de relevar el estado actual de esos tramos y definir exactamente cuáles serán los paquetes que se pongan a consideración de inversores locales e internacionales.

Si el proceso sigue el ritmo de las etapas anteriores, en 2027 podríamos ver los primeros adjudicados de esta nueva tanda de 27 tramos.