Caso YPF: la jueza Preska avanza para cerrar el juicio contra Argentina en Nueva York
La magistrada formalizó las consecuencias de la sentencia favorable al Estado argentino en el expediente de primera instancia. Se trata de uno de los litigios más costosos que enfrentó el país en el exterior.
La jueza Loretta Preska, del tribunal federal de Nueva York, dio un nuevo paso formal para cerrar el juicio que enfrentaba a la Argentina con los fondos Burford y Eton Park en el caso YPF.
La resolución, firmada el pasado lunes 19 de octubre de 2026, formaliza en el expediente de primera instancia las consecuencias de la decisión que había sido favorable al Estado argentino. Con este movimiento, el litigio que en su momento llegó a valer más de 16.000 millones de dólares se encamina a su desenlace definitivo.
El caso se remonta a la expropiación de YPF en 2012. Los fondos, que habían adquirido derechos de litigio de accionistas minoritarios, argumentaban que el Estado argentino violó cláusulas del estatuto de la petrolera al no haber hecho una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) antes de tomar el control.
Tras años de idas y vueltas, la jueza Preska falló a favor de la Argentina en diciembre de 2025. Determinó que el país no estaba obligado a realizar esa OPA porque la expropiación se hizo por ley del Congreso, lo que cambió las reglas del juego para todos los accionistas por igual.
En números:
El monto original reclamado superaba los 16.000 millones de dólares. De confirmarse el fallo en segunda instancia, Argentina evitaría un desembolso que equivaldría a una parte importante de las reservas del Banco Central o varios puntos del PBI.
Para el bolsillo de los argentinos, el impacto es indirecto pero relevante: un pago de esa magnitud hubiera significado mayor emisión, más presión sobre el dólar o recortes en otras partidas del presupuesto. Cerrar este frente judicial libera margen para las negociaciones con otros holdouts y para la estrategia financiera del país.
La resolución de Preska ahora deja el camino más despejado para que el caso se archive en primera instancia. Sin embargo, los fondos todavía pueden apelar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, un proceso que podría extenderse varios meses más.
Traducido: si la sentencia se mantiene en firme, el Estado argentino se ahorraría una de las mayores condenas de su historia en tribunales extranjeros. Para los inversores y analistas que siguen el riesgo país, cada paso que acerca el cierre del caso es una señal positiva, aunque todavía no es definitivo.
Desde el lado del Gobierno, la estrategia judicial consistió en demostrar que la expropiación fue un acto soberano y que las reglas cambiaron para todos los accionistas de manera uniforme. Esa línea fue la que terminó convenciendo a la jueza.
El litigio había generado preocupación en el sector energético y entre los potenciales inversores en Vaca Muerta, porque un fallo adverso podría haber complicado futuras privatizaciones o ventas de participación estatal.
Si la tendencia se mantiene y la apelación no revierte el fallo, los analistas esperan que el caso quede definitivamente cerrado durante 2027. Para el bolsillo, eso significa un problema menos en la larga lista de litigios internacionales que arrastra la Argentina desde hace más de una década.