Desregulación del cabotaje: roces en el Senado por los límites a buques extranjeros
El proyecto que abre el transporte fluvial a embarcaciones foráneas llegó al recinto con dos dictámenes. Qué cambia para los costos logísticos, el empleo nacional y la industria naval.
El debate por la desregulación del cabotaje y la Marina Mercante ya está en el Senado con dos textos enfrentados y una negociación abierta que no termina de cerrar las grietas.
El proyecto que impulsó el Ejecutivo en acuerdo con varios gobernadores y que lleva adelante la senadora Carolina Moisés cuenta con dictamen de mayoría desde fines de octubre. El 12 de noviembre se sumó un dictamen de minoría firmado por Jorge Capitanich y José Neder que propone mayores restricciones a la entrada de buques extranjeros. Ambos textos se discutirán en el recinto en las próximas sesiones.
¿Qué significa esto para tu bolsillo y para la economía?
La idea central del oficialismo es bajar los costos logísticos de exportación. Hoy muchas provincias dependen de rutas terrestres en mal estado y el transporte fluvial más barato podría abaratar el traslado de granos, minerales y otros productos. Traducido: si se logra más oferta de buques, el flete fluvial bajaría y eso terminaría impactando en el precio final de lo que se exporta y, eventualmente, en lo que paga el consumidor interno.
El dictamen de mayoría permite que la navegación de cabotaje sea realizada libremente por buques de bandera argentina, aquellos con tratamiento de bandera nacional y también por embarcaciones extranjeras. Para estas últimas, las condiciones laborales de la tripulación se regirían por la ley del país de la bandera.
El texto alternativo de Capitanich y Neder crea un Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN). Ahí tendrían prioridad los buques argentinos o incorporados a ese registro. Los extranjeros solo podrían operar de manera excepcional, cuando no haya disponibilidad local, y por un máximo de 365 días. Además, exigiría tripulación mayoritariamente argentina y aplicación de la legislación laboral nacional.
En las últimas horas hubo una reunión entre Moisés, Capitanich, representantes del Centro de Capitanes y el secretario de Desregulación Alejandro Cacace. Según trascendió, se avanzó en dos puntos: que los buques que transportan arena y piedra sigan bajo bandera argentina, y que los remolcadores paraguayos incorporen tripulación local. Esos acuerdos todavía no están escritos en ninguno de los dos dictámenes, y ahí está el foco de la desconfianza.
Desde los gremios de la Marina Mercante (Centro de Patrones, Asociación de Capitanes y SICONARA) rechazan tanto el texto de mayoría como el de minoría. Argumentan que la apertura total o parcial pone en riesgo el empleo argentino, la formación en la Escuela Nacional Fluvial y la industria naval local, incluyendo astilleros y proveedores. También cuestionan el mecanismo que facilita el “cese de bandera” de buques nacionales.
En números
El dictamen de mayoría propone una alícuota de Ganancias del 25% para las actividades alcanzadas y un régimen de amortización acelerada para inversiones. El de minoría, en cambio, introduce un impuesto al tonelaje para los armadores que ingresen al RETCAN, con vigencia hasta diciembre de 2031.
La discusión ya se proyecta hacia Diputados. Si el texto que salga del Senado mantiene una apertura fuerte a buques extranjeros sin incorporar los cambios reclamados, los sectores sindicales y empresarios locales anticipan que intentarán frenarlo o modificarlo en la Cámara baja.
El expediente ya figura en el Orden del Día 425/26 del Senado (S-1844/26), pero todavía falta que la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles 18 de noviembre defina si entra en la sesión. Variables políticas como la Ley de Discapacidad y otros conflictos dentro de la coalición oficialista podrían desplazar el tema.
Para el comerciante o el exportador que mueve mercadería por el Paraná o el Uruguay, una baja en los costos de flete sería una buena noticia. Para los trabajadores y empresas de la marina mercante local, el riesgo es que se termine desplazando flota y empleo nacional. El Senado tiene que definir hasta dónde llega la desregulación sin afectar la soberanía y la capacidad estratégica del país.
La puja sigue abierta y el resultado de la votación determinará si se prioriza la competencia y los costos más bajos o si se mantiene una protección mayor al sector local.