EE.UU. frena agenda bilateral: Argentina acelera ley de cabotaje para el Corredor Andes-Atlántico

La relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un momento de ajuste tras las elecciones de medio término. La suspensión de la visita del vicepresidente JD Vance a Buenos Aires, prevista para la próxima semana, es la señal más concreta de que la agenda se enfrió.

Vance iba a reunirse con el presidente Javier Milei en el marco de una gira que incluía Colombia y Chile. Su agenda contemplaba temas de seguridad, comercio y la exención de visas que reclama el Gobierno argentino. La decisión, según trascendió, responde a “restricciones de índole interna” después de que los demócratas recuperaran el control de ambas cámaras del Congreso.

¿Qué significa esto para el Corredor Andes-Atlántico?

El proyecto, lanzado en septiembre en Nueva York por el subsecretario Christopher Landau y el canciller Pablo Quirno, prevé un marco de hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027. Ese dinero no es un fondo cerrado: depende de préstamos, garantías y seguros de la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC) y del Banco de Exportación e Importación (EXIM), dos agencias estadounidenses que operan bajo supervisión del Congreso.

La DFC está reautorizada hasta 2031, pero el EXIM tiene su carta orgánica venciendo el 31 de diciembre de 2026. Su renovación queda ahora en manos de una mayoría demócrata. El proyecto más avanzado del corredor es Argentina LNG, la planta de licuefacción de gas que impulsa YPF junto a Eni y XRG, para la cual el EXIM había ofrecido hasta 6.000 millones de dólares.

El plan B local: la ley de cabotaje

Ante el freno norteamericano, la Rosada acelera iniciativas que no dependen directamente de Washington. El Senado ya tiene listo para tratar el proyecto de ley de cabotaje, que habilita a buques de bandera extranjera a operar entre puertos argentinos. El dictamen de minoría se presentó el jueves pasado y, tras cumplirse los siete días reglamentarios, la iniciativa puede llegar al recinto en la sesión del 19 de noviembre.

El texto, impulsado por las senadoras Carolina Moisés y Silvana Schneider, cuenta con el aval de los diez gobernadores del Norte Grande. Deroga el artículo 56 de la Ley de Navegación y el artículo 30 de la Ley 27.419 de Marina Mercante. Además, incluye una cláusula sobre Malvinas que prohíbe operar a buques vinculados a actividades no autorizadas en la plataforma continental.

Impacto concreto en los costos

Hoy rige un decreto de 1944 que reserva el transporte de carga entre puertos nacionales a buques de bandera argentina. Los puertos aguas arriba como Barranqueras, Corrientes, Ituzaingó y Posadas operan con extranjeros solo a través de certificados de excepción que se renuevan cada seis meses.

Según el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, el transporte fluvial podría reducir entre un 50% y un 70% los costos de traslado para las economías regionales del norte y de la cuenca del Paraná. La senadora Moisés lo graficó con un ejemplo claro: llevar mercadería desde Jujuy hasta Mejillones (Chile) implica 800 kilómetros, contra 1.400 hasta Buenos Aires.

Belgrano Cargas y la licitación que se postergó

Otra pieza clave del corredor es el Belgrano Cargas. La red ferroviaria, que mueve el 38% de la carga del país, fue declarada “sujeta a privatización” por la Ley Bases. En agosto se abrió la licitación por 50 años sobre casi 7.600 kilómetros de vías en 16 provincias.

El único oferente extranjero, Grupo México Transportes, se bajó el 21 de octubre. La empresa cuestionó el modelo de acceso abierto y mencionó que la DFC y el EXIM podrían haber participado en el financiamiento. Dos semanas después, la Resolución 1914/2026 postergó la apertura de ofertas del 11 de noviembre al 21 de diciembre y flexibilizó requisitos: se admiten hasta dos socios financieros y se suman patrimonios netos cuando se licitan varias líneas.

Quedan en carrera un consorcio de cerealeras (AGD, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y ACA) y grupos locales como Roggio, Rovella Carranza y Emepa.

El calendario de fin de año

Después de la sesión del 19 en el Senado, el 3 de diciembre vence el plazo de consultas sobre los pliegos ferroviarios. El 9 y 10 de diciembre, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, viajará a Nueva York y Washington para presentar las concesiones ante empresas estadounidenses.

El tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que Milei le había prometido a Trump, también busca avanzar en esa misma sesión del 19. Tiene media sanción desde 1998 y fue aprobado en Diputados en agosto, aunque con una reserva sobre el examen preliminar internacional.

Traducido al bolsillo y a la producción

Para las provincias del Norte Grande, que concentran litio y cobre, bajar costos logísticos no es un detalle. Cada punto que se reduce en el traslado se traduce directamente en mayor competitividad de las exportaciones. Si la ley de cabotaje se aprueba antes de fin de año, el corredor gana velocidad por la vía fluvial y ferroviaria mientras se resuelven los tiempos en Washington.

Con información de El Cronista.