El Gobierno bonaerense y las distribuidoras apelaron la cautelar que frenó los aumentos de luz

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires junto con las cuatro principales distribuidoras eléctricas del territorio apelaron la medida cautelar que había frenado los aumentos de tarifas de luz dispuestos para este año.

La cautelar, dictada por un juez, obligaba a las empresas a retrotraer los cuadros tarifarios a los valores vigentes antes de las actualizaciones y congelaba cualquier ajuste posterior. Ahora, tanto el Ejecutivo provincial como EDEA, EDELAP, EDEN y EDES pidieron que se revea esa decisión para poder aplicar los incrementos autorizados.

En números, los aumentos que quedaron suspendidos implicaban subas de entre 60% y 80% en las boletas de luz para los usuarios residenciales del conurbano y el interior de la provincia, según el nivel de consumo y la segmentación vigente. Para un hogar promedio del AMBA que gasta alrededor de 400 kWh mensuales, eso se traducía en un aumento de entre $8.000 y $12.000 en la factura bimestral.

Desde el Gobierno bonaerense argumentan que la cautelar genera un desfinanciamiento para las distribuidoras, lo que podría afectar la calidad del servicio, las inversiones en redes y la atención de los picos de demanda que se vienen con el verano. Las empresas, por su lado, sostienen que sin los ajustes no pueden cubrir los costos crecientes de generación, transporte y distribución.

La cautelar en cuestión había sido presentada por legisladores y asociaciones de usuarios que cuestionaban la metodología de cálculo de los nuevos valores y el impacto en los bolsillos de los bonaerenses. El juez había hecho lugar al pedido de forma provisoria hasta que se resolviera el fondo de la cuestión.

¿Qué significa esto para tu bolsillo? Si la apelación prospera y se levanta la cautelar, los aumentos que estaban frenados podrían aplicarse de forma retroactiva o en los próximos bimestres, lo que se sentiría fuerte en las boletas de octubre y diciembre. Si se mantiene la medida, las tarifas quedarían congeladas por más tiempo, pero con el riesgo de que las distribuidoras reduzcan mantenimiento o inversiones.

Los analistas del sector estiman que, sin actualización tarifaria, el déficit de las distribuidoras bonaerenses podría superar los $150.000 millones solo en lo que resta de 2026. Ese número surge de la diferencia entre costos reales y lo que se cobra con los cuadros tarifarios viejos.

La apelación ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que deberá decidir si confirma la cautelar, la levanta o pide más elementos antes de resolver. No hay plazos definidos, pero se espera una definición en las próximas semanas porque el tema es urgente para el servicio eléctrico.

Para ponerlo en contexto, este no es el primer round judicial sobre tarifas de luz en la provincia. En los últimos años se multiplicaron las presentaciones de usuarios y defensores del pueblo contra cada aumento, sobre todo en un contexto de inflación alta que ya castiga fuerte el poder adquisitivo.

Desde el sector eléctrico advierten que mantener tarifas artificialmente bajas termina pasando factura más adelante, ya sea con cortes más frecuentes, demoras en las obras de ampliación de red o mayor subsidio estatal que, al final, también paga el contribuyente.

El dato clave es que las distribuidoras bonaerenses atienden a más de 6 millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales. Cualquier decisión que se tome va a impactar de lleno en el consumo de energía y en la economía de las familias y comercios del Gran Buenos Aires y el interior provincial.