Ley de semillas: el Gobierno definirá quiénes pagarán por el uso propio tras la falta de acuerdo
Productores y semilleros no lograron cerrar diferencias sobre el alcance del pago por uso propio de semillas. El Ejecutivo tomará la decisión final sobre un universo que involucra a miles de productores de soja, trigo y arroz.
El Gobierno nacional deberá definir por sí mismo quiénes tendrán que pagar por el uso propio de semillas luego de que productores y semilleros no alcanzaran un acuerdo definitivo en las negociaciones por la nueva Ley de Semillas.
Según los datos que manejan las partes, la brecha principal pasa por el porcentaje de productores que quedarían alcanzados por el pago. Los productores proponen que el tributo alcance solo al 30% del universo, que representa el 82,72% de la superficie sembrada con soja, trigo y arroz. Los semilleros, en cambio, buscan elevar ese piso al 60% de los productores, lo que cubriría el 95,44% de la superficie total.
La diferencia entre ambas posturas involucra a 16.818 productores que quedarían exentos bajo la propuesta del campo pero alcanzados si se adopta la visión de las empresas semilleras.
En números, la soja sigue siendo el cultivo que más peso tiene en esta discusión. Representa la mayor parte de la superficie y donde el uso propio de semilla es más frecuente. El trigo y el arroz completan el trío de commodities donde se concentra el debate.
¿ Qué significa esto para el bolsillo del productor? Si se aprueba el esquema más amplio que proponen los semilleros, miles de chacareros medianos y pequeños tendrán que sumar un nuevo costo en su estructura de siembra. Ese gasto se traslada directo al margen bruto y puede terminar impactando en la decisión de cuántas hectáreas se siembran o en qué tecnología se invierte.
Desde el lado de las empresas, argumentan que un alcance menor dejaría fuera una porción importante de la superficie y reduciría el retorno que necesitan para seguir invirtiendo en desarrollo de variedades. Para ellos, el pago por uso propio es la forma de financiar la innovación que después termina en el campo.
El acercamiento que se había producido en las últimas semanas no alcanzó para cerrar las diferencias. Por eso el Ejecutivo, que viene impulsando la ley como parte de su agenda agroindustrial, tomará la decisión final y definirá el porcentaje definitivo que figurará en el proyecto que envíe al Congreso.
Para ponerlo en contexto, la discusión no es nueva. Lleva años de idas y vueltas entre el sector semillero y las entidades que representan a los productores. Lo que cambió ahora es que el Gobierno actual decidió avanzar y resolver el punto que había quedado trabado.
El dato clave es que la definición no solo afecta el costo de producción inmediato, sino también el futuro de la biotecnología en el país. Si el esquema termina siendo demasiado restrictivo para los semilleros, podría frenar la llegada de nuevas tecnologías. Si es demasiado amplio para los productores, puede generar rechazo y menor adopción.
Desde el vamos, el sector agropecuario viene pidiendo que la ley tenga un enfoque equilibrado que no castigue al que guarda semilla de su propia cosecha pero que tampoco desincentive la inversión privada en investigación. Ahora falta ver hacia dónde se inclina la balanza cuando el Gobierno anuncie su posición definitiva.
Los próximos días serán clave. Una vez que el Ejecutivo defina el alcance del pago por uso propio, el proyecto de Ley de Semillas entrará en su etapa final de redacción antes de ser enviado al Congreso para su debate.