Años de vida perdidos: el alto costo global y local de la inseguridad vial

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió esta madrugada el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, y dejó al menos 200 muertos. No, esperen: esta vez la catástrofe no es un sismo ni un huracán. Es silenciosa, cotidiana y completamente prevenible. Según un estudio internacional difundido por la ONG Luchemos por la Vida, los siniestros viales provocaron en 2023 más de 1,34 millones de muertes en el mundo y un total de 75,3 millones de años de vida perdidos ajustados por discapacidad (AVAD).

Para ubicarse: los AVAD combinan los años de vida que se pierden por muertes prematuras con los años que las personas viven con secuelas o discapacidades. Es una forma de medir el verdadero peso que tienen estos hechos en la sociedad, más allá del número crudo de fallecidos.

El informe, elaborado por investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington y la Universidad Nacional de Singapur, analizó datos de 204 países entre 1990 y 2023. La tendencia es clara: los países de altos ingresos lograron reducir la mortalidad vial en más del 60% en ese período. Los de ingresos bajos y medios, en cambio, no consiguieron mejorar de manera significativa.

¿Cuáles son los factores que explican esta brecha? Los investigadores destacan dos principales. Por un lado, la ausencia o el escaso cumplimiento de leyes de tránsito, controles y sanciones efectivas. Por el otro, las limitaciones de infraestructura vial y la falta de atención médica de emergencia inmediata después de los siniestros.

En Argentina la situación es particularmente grave. Según Luchemos por la Vida, el país registra cinco veces más muertes por millón de habitantes y once veces más mortalidad vial que los diez países con mejores indicadores del mundo. Las cifras provisionales para 2025 indican 6.248 fallecidos en siniestros de tránsito, lo que equivale a un promedio de 17 personas por día. En 2025 habían sido 5.908. Detrás de cada número hay familias destruidas, secuelas permanentes y millones de dólares en pérdidas materiales y sanitarias.

La licenciada María Cristina Isoba, presidenta de Luchemos por la Vida, señaló que “el problema, de acuerdo con la experiencia local, no es solo un tema de recursos económicos, sino también la decisión política de a quién y para qué se destinan los recursos, cuando estos llegan”.

A nivel mundial, los siniestros viales siguen siendo la principal causa de muerte de niños y jóvenes. Lo que antes era la tracción a sangre hoy es, trágicamente, la “sangre” del transporte motorizado. Por eso los gobiernos adhirieron al Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la ONU (2021-2030), con el objetivo de reducir a la mitad estos números para 2030.

Sin embargo, la adhesión formal no alcanza. Se necesitan planes integrales, audaces y realistas que involucren a todos los actores: gobiernos, empresas, sociedad civil y usuarios de la vía pública. Porque cada año de vida perdido no es solo una estadística: es un futuro truncado, un hijo que no vuelve, un joven que nunca llegará a cumplir sus proyectos.

Lo que se sabe hasta ahora es que la tecnología, la infraestructura y las políticas públicas pueden cambiar esta realidad, como ya lo demostraron los países que lograron bajar drásticamente sus cifras. La pregunta que queda pendiente para la Argentina es si existe la decisión política de aplicarlas de manera sostenida y sin excusas.