Por qué inmigrantes con ahorros no logran comprar casa en California

Muchos inmigrantes que llegan a California con capital propio y empleos bien remunerados se encuentran con una barrera inesperada al intentar comprar su primera casa: las entidades financieras les niegan hipotecas pese a cumplir con los requisitos básicos de ingresos y ahorro.

El problema radica en una combinación de reglas crediticias estrictas, historial crediticio inexistente o corto en Estados Unidos y, en algunos casos, documentación migratoria que genera dudas en los bancos. En un mercado donde el precio promedio de una vivienda unifamiliar supera los 800.000 dólares, esta exclusión impide que profesionales calificados y emprendedores consoliden su arraigo.

Según datos del mercado inmobiliario californiano, los requisitos de endeudamiento se han endurecido tras la pandemia. Los bancos exigen que al menos el 20% del valor de la propiedad provenga de fondos propios, pero además evalúan el “score” crediticio, que muchos recién llegados no poseen. Quienes llegaron con dinero ahorrado en sus países de origen suelen ver cómo ese capital no se considera equivalente a un historial de pagos en el sistema financiero norteamericano.

Abogados especializados en inmigración y bienes raíces coinciden en que la situación afecta principalmente a personas de América Latina y Asia que ingresaron con visas de trabajo o inversión. Aunque demuestren ingresos superiores a los 150.000 dólares anuales y ahorros por encima de los 200.000 dólares, las instituciones crediticias aplican criterios conservadores que priorizan el riesgo percibido por encima de la capacidad real de pago.

Uno de los obstáculos más frecuentes es la falta de un número de Seguro Social válido o un historial crediticio de al menos dos años. Algunos bancos aceptan alternativas como el ITIN (Individual Taxpayer Identification Number), pero imponen tasas de interés más altas o exigen un co-firmante con ciudadanía o residencia permanente. Esto deja fuera a familias que, en la práctica, podrían afrontar sin problemas las cuotas mensuales.

El fenómeno se agudiza en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego, donde la competencia por las propiedades es feroz y los vendedores prefieren compradores pre-aprobados por bancos tradicionales. Inmigrantes que intentan pagar cash (al contado) también encuentran trabas: en algunos condados los notarios y las compañías de título exigen documentación adicional para verificar el origen de los fondos, demorando o directamente cancelando la operación.

Expertos señalan que parte del problema deriva de regulaciones federales anti-lavado de dinero que se aplican con mayor rigor en California. Los compradores extranjeros deben demostrar que los fondos no provienen de actividades ilícitas, lo que implica presentar extractos bancarios de varios años, declaraciones juradas y, en ocasiones, certificaciones de contadores públicos. El proceso puede extenderse meses y, mientras tanto, los precios siguen subiendo.

Ante esta realidad, algunos inmigrantes optan por estrategias alternativas: alquilar por períodos largos mientras construyen crédito, asociarse con familiares que ya tienen historial en Estados Unidos o explorar programas estatales de asistencia para primera vivienda. Sin embargo, estos programas suelen estar dirigidos a residentes de bajos ingresos y excluyen a quienes superan determinados umbrales salariales.

La situación genera un círculo vicioso: sin propiedad, es más difícil acumular riqueza a través del principal vehículo de ahorro de la clase media estadounidense. Esto retrasa la integración económica plena de migrantes calificados que, en teoría, representan un aporte neto para la economía de California.

Hasta el momento, no existen iniciativas legislativas concretas que modifiquen los criterios crediticios para este segmento. Mientras tanto, los afectados continúan pagando alquileres elevados que, en muchos casos, superan lo que les costaría una hipoteca que no pueden obtener.