Qué se sabe de la regla de carga pública del DHS que ya aplica en Estados Unidos
La norma permite al USCIS evaluar la situación económica de los solicitantes de residencia permanente. Se analizan factores como ingresos, salud y uso previo de beneficios públicos.
La regla de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ya se encuentra en vigor y es aplicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) al momento de evaluar solicitudes de residencia permanente, conocida como green card.
Según los lineamientos oficiales, los oficiales de inmigración realizarán una evaluación integral de la situación económica y social de cada solicitante. Entre los principales factores que se tendrán en cuenta figuran los ingresos familiares, la edad, el estado de salud, los niveles educativos y de habilidades laborales, así como el uso previo de ciertos beneficios públicos.
La norma busca determinar si el solicitante podría convertirse en una carga para el Estado en el futuro. No se trata de un criterio único, sino de un análisis de todos los elementos en conjunto. Fuentes del DHS indicaron que el objetivo es asegurar que los inmigrantes cuenten con los recursos suficientes para mantenerse sin depender de asistencia gubernamental.
El USCIS revisará específicamente si el solicitante ha recibido en los últimos 36 meses beneficios como Medicaid (excepto para emergencias), cupones de alimentos (SNAP), subsidios de vivienda o asistencia en efectivo. Sin embargo, el uso de estos programas no implica una denegación automática, sino que forma parte del peso total de la evidencia.
La medida afecta principalmente a quienes tramitan la residencia permanente desde dentro de Estados Unidos o a través de consulados en el exterior. Quedan exceptuados los refugiados, asilados, víctimas de trata y ciertos miembros de las fuerzas armadas, entre otros grupos protegidos por ley.
En la práctica, los solicitantes deberán completar el formulario I-944, Declaración de Autosuficiencia, donde informan sobre su situación financiera. Este documento incluye detalles sobre activos, pasivos, ingresos y el historial de beneficios recibidos.
Desde la implementación, abogados especializados en inmigración recomendaron a los interesados evitar el uso innecesario de programas públicos durante el proceso de solicitud. También sugirieron preparar documentación sólida que demuestre capacidad económica, como contratos de trabajo, declaraciones juradas de patrocinio y estados contables.
La regla de carga pública había sido modificada en administraciones anteriores y su aplicación volvió a fortalecerse en 2026. El DHS aclaró que cada caso se evalúa de manera individual y que el resultado final depende del balance de todos los factores.
Para quienes se encuentran en pleno trámite, las autoridades recomiendan consultar los sitios oficiales del USCIS y del DHS para obtener la información más actualizada. La norma no aplica de forma retroactiva a residencias ya concedidas.