AySA vuelve a manos privadas: consorcio Rowing-Transclor se adjudicó el 90% por US$340 millones

El Gobierno nacional concretó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Tras un proceso licitatorio en el que compitieron dos grupos empresarios, el consorcio liderado por Rowing S.A. y Transclor resultó adjudicatario con la oferta económica más elevada.

El operador privado se quedará con el 90% de las acciones de la compañía a cambio de US$340 millones. La operación incluye una concesión por 30 años para la prestación de los servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La decisión marca el regreso de AySA a la órbita privada, más de dos décadas después de su estatización en 2006. La empresa había sido concesionada a Aguas Argentinas entre 1993 y 2006.

Según los términos de la licitación, el nuevo operador deberá cumplir con un plan de inversiones y metas de expansión de las redes de agua y saneamiento. El Estado mantendrá una participación minoritaria del 10% en la compañía.

La licitación se resolvió esta semana luego de la apertura de las ofertas económicas. El grupo encabezado por Rowing S.A. y Transclor superó la propuesta del otro consorcio participante, aunque no se dieron a conocer los detalles de la segunda oferta.

Desde el Ministerio de Infraestructura se señaló que el proceso se desarrolló con total transparencia y que la elección del operador se basó en criterios técnicos y económicos. El cierre definitivo de la operación está previsto para las próximas semanas, una vez cumplidos los pasos administrativos y regulatorios pendientes.

AySA es la principal prestadora de agua y saneamiento del país. Abastece a más de 10 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. En los últimos años acumuló deudas y requirió aportes del Tesoro Nacional para sostener su operación.

La transferencia a manos privadas se enmarca en el plan de desestatización de empresas públicas impulsado por el Gobierno. En los próximos meses se espera avanzar con otros procesos similares en distintas áreas.

La nueva concesionaria deberá presentar en los próximos días el plan de inversiones comprometido y las metas de servicio que asumirá durante los 30 años de la concesión. Fuentes oficiales indicaron que el contrato incluirá cláusulas de revisión periódica y penalidades por incumplimiento.

La operación fue validada por los organismos de control y por la Comisión Nacional de Valores. Resta ahora la firma de los contratos definitivos y la toma de posesión por parte del nuevo operador.