El Gobierno prepara un proyecto de "libertad educativa" y busca derogar la Ley de Educación Nacional
El Ejecutivo avanza en una reforma que apunta a modificar el rol del Estado en la educación. Se espera que el proyecto incluya la derogación de la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006.
El Gobierno nacional está ultimando los detalles de un proyecto de ley que denomina "libertad educativa" y que, entre sus puntos principales, contempla la derogación de la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006.
Según fuentes consultadas, el texto busca reducir la intervención estatal en la definición de contenidos curriculares y dar mayor autonomía a las provincias, instituciones privadas y familias. El anuncio formal se espera para las próximas semanas, aunque ya genera debate en el sector educativo.
La Ley de Educación Nacional N° 26.206 estableció un marco común para todo el país, definió la obligatoriedad desde los 4 años y reforzó el rol del Estado como garante del derecho a la educación. Derogarla implicaría un cambio estructural en la forma en que se organiza el sistema educativo argentino.
Desde el oficialismo argumentan que la norma actual genera rigideces que limitan la innovación pedagógica y la libertad de elección de los padres. "Queremos que las familias decidan dónde y cómo educan a sus hijos, sin que el Estado imponga un modelo único", indicaron fuentes cercanas al Ministerio de Capital Humano.
En los últimos meses, el Gobierno ya avanzó con modificaciones en el presupuesto educativo y en la estructura del ex Ministerio de Educación, ahora absorbido por Capital Humano. La nueva norma buscaría formalizar esos cambios y agregar herramientas de vouchers o financiamiento directo a la demanda en algunos niveles.
Desde los gremios docentes y organizaciones de la sociedad civil ya expresaron su preocupación. "Esto no es libertad, es desfinanciamiento y fragmentación del sistema", señalaron desde CTERA. Advierten que sin un marco nacional fuerte, las desigualdades entre provincias podrían profundizarse.
El proyecto también contemplaría cambios en la formación docente, la evaluación de aprendizajes y la regulación de las escuelas privadas. Fuentes del Gobierno indicaron que se mantendría la obligatoriedad escolar pero con mayor énfasis en resultados por sobre procesos.
Hasta el momento no se dieron a conocer detalles finos del texto, aunque se sabe que un equipo reducido del ministerio y asesores externos viene trabajando en el borrador desde hace varios meses. Se espera que el proyecto ingrese al Congreso antes de fin de año.
Especialistas consultados coinciden en que cualquier reforma de esta magnitud requerirá amplio consenso político, algo que en el actual contexto legislativo no parece sencillo. Mientras tanto, las dudas sobre el futuro del sistema educativo ya se instalaron en las comunidades escolares de todo el país.