Interventor de Discapacidad detectó sobreprecios de hasta 20 veces antes de renunciar

Alejandro Vilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), presentó un informe ante la Justicia en el que alertó sobre “sobreprecios sistemáticos” en las compras del organismo antes de presentar su renuncia.

Según el documento al que accedió La Nación, Vilches detectó que la Andis pagó por ciertos insumos hasta 20 veces más de lo que abonó el PAMI por productos idénticos. El informe fue elevado en las últimas horas y apunta directamente contra el ex titular del organismo, Fernando Spagnuolo.

El caso involucra a nueve empresas que facturaron en conjunto más de 25.000 millones de pesos al Estado nacional a través de la Andis. Las diferencias de precios son significativas y se repitieron de manera sostenida en el tiempo, según el interventor.

Para dimensionar el impacto, fuentes oficiales indicaron que algunos insumos ortopédicos y de rehabilitación mostraron brechas de entre 500% y 1.900% respecto de los valores pagados por otras dependencias del Estado. El informe no solo detalla las anomalías sino que también entrega elementos para que la Justicia continúe la investigación.

Vilches asumió el cargo de interventor hace pocos meses con el objetivo de auditar y normalizar el funcionamiento de la Andis, un organismo clave para miles de personas con discapacidad en todo el país. Su renuncia se produjo en medio de estas revelaciones, aunque desde su entorno aclararon que ya estaba prevista.

El informe judicial marca un nuevo capítulo en las revisiones que se vienen realizando en distintos organismos del Estado en busca de irregularidades en contrataciones y compras. Las nueve empresas identificadas concentran la mayor parte de las adquisiciones de la agencia en los últimos años.

Desde la Andis confirmaron que se está colaborando plenamente con la Justicia y que se tomaron medidas administrativas para suspender los contratos bajo revisión. Las autoridades recordaron que el organismo atiende a más de un millón de beneficiarios y que cualquier irregularidad afecta directamente los recursos destinados a políticas de inclusión.

El caso continúa en investigación y se espera que en las próximas semanas se citen a declaración a los responsables de las empresas y a funcionarios de la gestión anterior. Por el momento, no hay detenidos ni procesamientos confirmados.