Política

Oficialismo acordó nuevo régimen de discapacidad: se mantiene actualización por IPC y pensión compatible

Diputados alcanzó un consenso para un régimen permanente que garantiza la actualización por IPC, compatibilidad de la pensión con el trabajo y un fondo de Obligaciones a Cargo del Tesoro. El acuerdo, impulsado por Oscar Herrera Ahuad, modificó el proyecto original del Ejecutivo.

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Diputados se preparan para una sesión maratónica con debates clave sobre discapacidad y endeudamiento familiar
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El oficialismo en la Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo para avanzar con un nuevo régimen permanente de discapacidad que mantiene dos puntos clave reclamados por las organizaciones: la actualización automática por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal.

La negociación, que se cerró en las últimas horas, incluyó una garantía de financiamiento a través de “Obligaciones a Cargo del Tesoro Nacional”, un punto que fue impulsado fuertemente por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad. De esta manera, el ala política más cercana a Karina Milei terminó enterrando el proyecto original que había impulsado la Casa Rosada, a pesar de la resistencia interna de los ministerios de Salud y de Legal y Técnica.

Según los términos del acuerdo, la pensión no contributiva por discapacidad mantendrá su ajuste trimestral según la evolución del IPC, lo que representa una protección frente a la inflación para uno de los sectores más vulnerables. Además, se confirma la compatibilidad plena entre el cobro de la pensión y el desarrollo de un trabajo registrado, algo que las entidades de personas con discapacidad venían reclamando hace tiempo.

El dato clave es que el nuevo régimen se convierte en permanente, dejando atrás la lógica de prórrogas temporarias que caracterizó los últimos años. Esto da previsibilidad tanto a los beneficiarios como a las familias y las organizaciones que los representan.

En números: el universo de personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas ronda las 450.000 en todo el país. Para ellos, la garantía de actualización por IPC significa preservar poder adquisitivo en un contexto donde la inflación sigue siendo el principal desafío económico.

Traducido: si la inflación mensual es del 4%, la pensión se ajustará en ese porcentaje cada trimestre. Eso se traduce directamente en el bolsillo de quienes dependen de ese ingreso para cubrir medicamentos, traslados, terapias y gastos básicos.

El acuerdo también implica que el Estado se compromete a cubrir con fondos del Tesoro cualquier diferencia que surja entre lo presupuestado y lo que efectivamente se necesita para pagar las pensiones actualizadas. Esta cláusula fue uno de los puntos más negociados y resultó clave para destrabar el respaldo de bloques dialoguistas.

¿Qué significa esto para las familias? Principalmente, mayor certeza. Saber que el ingreso no se licuará por inflación y que una persona con discapacidad podrá trabajar sin perder su pensión cambia la ecuación económica de miles de hogares argentinos.

El debate en el recinto se espera para las próximas sesiones. Si se aprueba tal como fue negociado, el nuevo régimen entraría en vigencia de manera inmediata, reemplazando el esquema actual que venía siendo extendido por decretos o leyes temporarias.

Para ponerlo en contexto, este acuerdo representa una de las primeras modificaciones de fondo en materia de políticas sociales que logra el oficialismo con apoyo transversal desde que asumió la actual gestión. Evita un conflicto con las organizaciones de discapacidad y al mismo tiempo mantiene un marco de responsabilidad fiscal.

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