Qué cambia con la reforma de la IGJ para empresas y estudios contables

La Inspección General de Justicia (IGJ) publicó recientemente una serie de modificaciones al régimen societario que afectan directamente a empresas, estudios contables y profesionales que tramitan inscripciones, modificaciones y disoluciones de sociedades.

Según el texto oficial, las reformas buscan agilizar algunos procedimientos y endurecer controles en otros puntos sensibles como el domicilio constituido y la verificación de antecedentes de directivos y apoderados. Los cambios entraron en vigencia de manera escalonada durante las últimas semanas.

Uno de los puntos más relevantes es la simplificación en la presentación de balances y la posibilidad de realizar ciertos trámites de forma íntegramente digital a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia). Fuentes de la IGJ indicaron que el objetivo es reducir los tiempos de aprobación que, en algunos casos, superaban los 90 días.

Los estudios contables deberán adecuar sus protocolos de certificación. A partir de ahora, se exige mayor detalle en la certificación de firmas y se incorporaron nuevos requisitos para acreditar la veracidad del domicilio real de las sociedades. Esto impacta especialmente en las SRL y SA unipersonales, que representan la mayoría de las inscripciones anuales en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con este medio, un contador público con más de 20 años de experiencia en trámites societarios señaló que "los nuevos controles sobre el objeto social y la trazabilidad de los aportes van a exigir mayor documentación de respaldo, pero a cambio se acortan los plazos de observaciones".

Desde el sector de estudios jurídicos y contables también manifestaron que la reforma clarifica varios puntos que antes generaban interpretaciones dispares entre los distintos inspectores. Sin embargo, advirtieron que la implementación plena demandará al menos dos meses de adaptación.

La IGJ también modificó las pautas para la inscripción de cesiones de cuotas y transferencias de acciones. Ahora se requiere la intervención obligatoria de escribano público en más supuestos, lo que eleva el costo operativo pero reduce riesgos de impugnaciones posteriores.

Según datos oficiales, durante 2024 se registraron más de 28.000 inscripciones de sociedades en la jurisdicción de la IGJ. Las autoridades estiman que las nuevas normas podrían reducir en un 35% el tiempo promedio de aprobación de trámites simples.

Los cambios alcanzan tanto a sociedades nuevas como a las ya constituidas que necesiten realizar modificaciones estatutarias, aumentos de capital o designación de autoridades. Los profesionales recomiendan revisar los estatutos vigentes antes de cualquier trámite para evitar rechazos por incumplimiento de los nuevos parámetros.

Desde el organismo indicaron que se mantendrán reuniones con colegios de contadores y abogados durante las próximas semanas para aclarar dudas operativas. Mientras tanto, los trámites ya iniciados bajo la normativa anterior continuarán su curso sin modificaciones.

La reforma forma parte de un plan más amplio de modernización del Registro Público de Comercio que incluye la digitalización completa de expedientes y la interoperabilidad con otros organismos del Estado.

Resta definir todavía algunos puntos operativos relacionados con la migración de expedientes físicos al sistema digital, algo que preocupa especialmente a estudios contables de mayor tamaño que mantienen archivos históricos extensos.