Suspenden la Justicia Laboral porteña: la Cámara Federal ratifica freno a la Ley 6789

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la suspensión cautelar de la Ley 6789 de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitaba la creación de un fuero laboral local. La decisión, tomada este miércoles, mantiene frenada la implementación de la Justicia Laboral porteña hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

La norma, sancionada por la Legislatura porteña en 2023, buscaba transferir la competencia de los reclamos laborales de los trabajadores de CABA desde la Justicia Nacional del Trabajo a tribunales locales. Según sus impulsores, el objetivo era agilizar los procesos y acercar la justicia al vecino. Sin embargo, diversos sectores sindicales y jurídicos cuestionaron la medida por posibles afectaciones a derechos adquiridos.

En números: según datos del fuero nacional, en la Ciudad se inician más de 35.000 demandas laborales por año. La ley 6789 preveía la creación de al menos 20 juzgados y cámaras de apelaciones especializadas, con una inversión que superaba los 2.500 millones de pesos en su primera etapa.

La cautelar original había sido dictada por el juez Roberto Gallardo, quien consideró que la transferencia de competencias podría vulnerar principios constitucionales y convenios internacionales ratificados por Argentina. Ahora la Cámara, con los votos de los jueces Carlos Balbín y Rodolfo Facio, confirmó esa medida.

"La suspensión se mantiene hasta que se dicte sentencia definitiva", indicaron fuentes judiciales consultadas. Esto significa que, por ahora, los trabajadores de CABA que tengan un conflicto con su empleador seguirán presentando sus demandas ante los juzgados nacionales del trabajo, tal como ocurría hasta ahora.

Desde el Gobierno de la Ciudad argumentan que la ley buscaba modernizar y descentralizar la justicia, quitándole carga a la Justicia Nacional. "Es un paso lógico en la autonomía porteña", habían señalado cuando se aprobó la norma. Los críticos, en cambio, sostienen que se trata de un intento de modificar las reglas de juego en un fuero sensible, donde los fallos suelen favorecer al trabajador.

¿Qué significa esto para el bolsillo del porteño? Para el empleado que piensa demandar a su empleador por despido, indemnización o condiciones de trabajo, el trámite sigue igual: se inicia en Comodoro Py o en los tribunales nacionales. Para las empresas, tampoco cambia el panorama: siguen rigiéndose por las mismas normas y ante los mismos magistrados.

El fallo llega en un contexto de fuerte debate sobre la reforma laboral a nivel nacional. Si bien la Ley 6789 es de alcance local, su suerte se sigue con atención porque podría sentar precedente sobre cómo se distribuyen las competencias entre Nación y Ciudad.

Los abogados laboralistas consultados coinciden en que la incertidumbre judicial se mantiene. "Hasta que no haya una sentencia firme, nadie sabe cómo va a terminar esto", explicó un especialista que pidió reserva de su nombre. Mientras tanto, los plazos para iniciar demandas no se modifican: el trabajador tiene dos años desde el cese de la relación laboral para reclamar.

La resolución de la Cámara no entra en el mérito del fondo del asunto, solo confirma que existen "aparentes" razones para mantener la suspensión mientras se debate la constitucionalidad de la ley. Fuentes del GCBA adelantaron que apelarán la decisión ante instancias superiores.

Para ponerlo en contexto: la Justicia Nacional del Trabajo en CABA acumula un atraso importante. Según estadísticas oficiales, el tiempo promedio para obtener una sentencia firme supera los 24 meses. La promesa de la ley local era bajar ese plazo a menos de un año, pero por ahora esa reforma quedó en stand-by.

Si sos trabajador y tenés un conflicto pendiente, el consejo de los especialistas es claro: seguí el camino habitual ante la Justicia Nacional. Cualquier cambio que surja se va a comunicar con tiempo y va a tener impacto directo en plazos, costos y posibles indemnizaciones.