Nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia en las escuelas porteñas y cuándo puede intervenir la Policía

Desde este martes 29 de septiembre de 2026, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires tienen un nuevo protocolo que regula cómo actuar ante situaciones que puedan constituir delitos cometidos por alumnos menores de edad.

El documento, elaborado por el Gobierno porteño en el marco del Nuevo Régimen Penal Juvenil, busca clarificar las obligaciones de directivos, docentes y personal educativo, y establece en qué circunstancias corresponde dar aviso a la Policía o a las autoridades judiciales.

Según el protocolo, los establecimientos educativos deben priorizar la contención pedagógica y el resguardo de la comunidad escolar. Sin embargo, ante hechos graves como lesiones, robos con violencia, amenazas con armas o delitos sexuales, los directivos tienen la obligación de realizar la denuncia penal correspondiente.

"Lo que se sabe hasta ahora es que el protocolo busca equilibrar la protección de los derechos de los menores con la seguridad dentro de las escuelas", explican fuentes del Ministerio de Educación porteño. Hasta el momento no se registraron cambios en la dinámica diaria, pero sí se espera que los equipos directivos reciban capacitaciones en las próximas semanas.

¿Cuándo puede intervenir la Policía en una escuela?

El protocolo es claro en los casos en los que se permite o se requiere el ingreso de efectivos policiales. Esto ocurre principalmente cuando hay riesgo inminente para la integridad física de alumnos, docentes o personal, o cuando se está cometiendo un delito en flagrancia.

En situaciones de menor gravedad, como hurtos sin violencia o peleas leves, se prioriza la intervención de los equipos de orientación escolar y, eventualmente, la notificación a los padres o tutores. Solo si el hecho reviste características de delito penal se activa el aviso a la Justicia y, de ser necesario, a la Policía.

Vecinos y padres de distintas comunas, incluyendo Villa Ortúzar, Almagro y Villa Urquiza, vienen reclamando desde hace meses mayor claridad en estos procedimientos. Muchos directivos contaban que hasta ahora actuaban en un terreno gris, sin saber exactamente cuándo debían llamar al 911 o simplemente dar aviso al supervisor escolar.

Obligaciones de los directivos

Entre las principales novedades, los directivos deberán:

• Registrar por escrito todo incidente que pueda ser constitutivo de delito.
• Informar de inmediato a las autoridades del Ministerio de Educación.
• Realizar la denuncia penal cuando corresponda, sin necesidad de esperar autorización superior.
• Coordinar con los equipos de convivencia escolar para evitar que los hechos se repitan.

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que el protocolo no busca "militarizar" las escuelas, sino dar herramientas concretas para manejar situaciones complejas que, según datos oficiales, aumentaron en los últimos años.

Como alternativa a la intervención policial inmediata, el protocolo refuerza la figura de los mediadores escolares y la derivación a programas de acompañamiento para jóvenes en conflicto con la ley.

Los directivos que tengan dudas sobre cómo aplicar el nuevo régimen pueden consultar el documento completo en las plataformas internas del Ministerio de Educación porteño. Se espera que en las próximas semanas se realicen reuniones por distrito para explicar los detalles y responder consultas de las comunidades educativas.

El reclamo viene de hace tiempo en varios barrios: padres piden más seguridad y docentes reclaman herramientas claras para no quedar expuestos. Este protocolo es la respuesta oficial a esos pedidos, aunque su implementación real se irá evaluando con el correr de los meses.