Apuestas online: la presión de las empresas ante la avanzada reguladora en el Senado

La discusión por la regulación de las apuestas online volvió a tomar fuerza en la agenda política argentina. Luego de la prohibición total que se aplicó en Brasil, tanto el Congreso como las provincias analizan cómo ordenar una actividad que mueve millones de pesos por mes y que genera fuerte preocupación por su impacto en menores y jóvenes.

En el Senado descansan actualmente dos proyectos distintos. Por un lado, la media sanción que Diputados dio en noviembre de 2024 a una iniciativa de la oposición, que perdería estado parlamentario si no se trata antes de fin de año. Por el otro, el proyecto que el Poder Ejecutivo envió en mayo y que aún no tuvo debate en la Cámara alta.

La puja central pasa por el enfoque: mientras una versión busca endurecer las condiciones para todos los operadores (publicidad, límites de pago, autoexclusión y verificación de identidad), la del Gobierno se concentra en combatir las plataformas ilegales y proteger a los menores.

Según trascendió, las empresas del sector están activamente intentando influir en la discusión. Su principal reclamo es que las restricciones más duras recaerían sobre los operadores autorizados, mientras las plataformas clandestinas seguirían operando sin control. Coinciden en este punto con voces del bloque libertario, que advierten sobre el alto porcentaje de informalidad en el mercado.

En números En cuanto a la publicidad, el texto oficial prohíbe que esté dirigida a menores o que asocie el juego con el éxito económico o social, pero no elimina los anuncios ni los patrocinios deportivos. En cambio, la media sanción de Diputados impone restricciones mucho más amplias sobre promoción, publicidad y acuerdos con clubes.

Para las empresas, esta diferencia es clave. Limitar la captación de usuarios más jóvenes y los convenios con el deporte podría afectar fuertemente sus ingresos. Para los que impulsan la versión más estricta, en cambio, esa exposición publicitaria es parte del problema, sobre todo por el impacto en niños, adolescentes y jóvenes.

Qué pasa en la provincia de Buenos Aires

La discusión no se limita al Congreso Nacional. En la Legislatura bonaerense, los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto impulsan un proyecto integral con exigencias más duras: eliminación de bonos de bienvenida y programas de fidelización, mayores herramientas contra sitios ilegales, un gravamen del 100% del gasto publicitario destinado a salud mental y un aporte sobre los premios para financiar clubes e instituciones sociales.

Según la agenda legislativa, el 19 de octubre se realizó una reunión conjunta de comisiones y el oficialismo buscaba llevar la iniciativa al recinto de Diputados provinciales el 20 de octubre para intentar conseguir media sanción.

El rol de la Iglesia y el tiempo que apremia

La presión de la Iglesia Católica para que se trate el proyecto más restrictivo volvió a poner el tema en el centro de la escena. Mientras tanto, el oficialismo defiende su propio enfoque, que prioriza ir contra la ilegalidad sin recargar de regulaciones a los operadores formales.

La definición no pasa solo por si hubo una ley nacional de apuestas online, sino por cuál de los dos modelos terminará prevaleciendo y cuánto margen quedará para que las provincias sigan regulando con sus propias licencias y controles.

Traducido al bolsillo de la gente, una regulación más estricta podría encarecer el acceso al juego legal y, al mismo tiempo, buscar reducir la exposición de los más jóvenes. Una versión más light contra la ilegalidad, en cambio, podría dejar mayor libertad a las plataformas autorizadas pero con el riesgo de que el mercado informal siga dominando.

El Senado tiene ahora la pelota. Con el año legislativo cerrándose, la decisión sobre cuál texto avanza definirá el futuro de una industria que creció de manera explosiva en los últimos años y que hoy genera tanto negocios millonarios como fuertes debates sociales.