El Senado aprobó la ley de Propiedad Privada: qué cambia en desalojos, expropiaciones y Ley de Tierras
La norma restituye la Ley de Tierras con límites a la extranjerización y crea un mecanismo de desalojo exprés para usurpaciones. También restringe las expropiaciones del Estado.
El Senado aprobó por 42 votos a 26 el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales y un mecanismo de desalojos exprés para campos y viviendas usurpadas.
La iniciativa, que contó con el respaldo de La Libertad Avanza, UCR, PRO y varios bloques provinciales, modifica además la ley de expropiaciones y acorta los tiempos judiciales para recuperar propiedades con tenencias irregulares. El recorrido de la norma fue complejo: el oficialismo tuvo que negociar y restituir partes de la Ley de Tierras que originalmente quería eliminar.
En números: se reafirma el límite del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, y el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y fronteras. ¿Qué significa esto para el bolsillo y para los productores? Mantiene restricciones que ya existían y que muchos comerciantes del campo ven como una traba a la inversión, pero también da certezas jurídicas a los dueños.
Qué pasa con los desalojos
El desalojo exprés se aplicará en casos de usurpación o tenedores precarios. El juez podrá ordenar la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado es verosímil y se presenta una caución juratoria.
El propietario deberá acreditar con prueba documental que es el dueño. El juez intimará la devolución en un plazo de 72 horas. En cambio, los inquilinos morosos tendrán más protección: el propietario deberá enviar una carta documento y darles al menos 10 días corridos para regularizar la deuda antes de avanzar.
Traducido: si alguien ocupa un campo o una vivienda sin derecho, el trámite judicial se acelera notablemente. Para el dueño, reduce el costo de oportunidad de tener el bien paralizado durante meses o años.
Cambios en las expropiaciones
La declaración de utilidad pública ahora deberá interpretarse de manera restrictiva. El Estado tendrá que fundamentar con mayor claridad los motivos para expropiar un bien inmueble.
Además, se estableció un tope del 30% de indemnización por lucro cesante (el proyecto original no tenía límite). La tasa de interés que deberá pagar el Estado será la del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
Para ponerlo en contexto: antes un expropiado podía quedarse años litigando y recibiendo una indemnización que muchas veces quedaba desactualizada por la inflación. Ahora el cálculo busca proteger mejor el valor real de la propiedad.
El dato clave es que la ley busca dar mayor seguridad jurídica a los propietarios privados, tanto de campos como de viviendas, en un país donde las usurpaciones y los litigios por expropiaciones han sido un problema recurrente para productores y familias.
Si la norma se publica en el Boletín Oficial en los próximos días, estos mecanismos comenzarán a regir de inmediato. Para el bolsillo del que invierte en tierra o propiedades, la señal es de mayor previsibilidad, aunque el impacto real dependerá de cómo se apliquen los nuevos plazos en la práctica.