Senado dio dictamen a la nueva Ley de Discapacidad: qué cambia para las pensiones y prestaciones
El plenario de comisiones firmó el despacho de mayoría que busca reemplazar la emergencia por un régimen permanente. Mantiene pensiones compatibles con el trabajo, actualización por inflación y garantías presupuestarias. El Gobierno apunta a sancionarla este mes.
El Senado avanzó este miércoles con el dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya tiene media sanción de Diputados. El Gobierno busca sancionarla antes de fin de mes para reemplazar el esquema de emergencia vigente.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, encabezado por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y espacios provinciales. El texto conserva los derechos centrales de la ley de emergencia que vence.
En números: las pensiones no contributivas se mantienen equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, ratifica la compatibilidad de ese beneficio con el empleo registrado o monotributo, siempre que los ingresos totales no superen dos salarios mínimos.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) sigue siendo la herramienta central para acceder a las prestaciones. La cobertura médica para los titulares se garantiza a través de Incluir Salud o el programa que lo reemplace. En materia de prestaciones, se ratifica la actualización de aranceles según la inflación y se mantiene el nomenclador único y el arancel unificado, evitando acuerdos individuales que generaban resistencia.
¿Qué significa esto para tu bolsillo? Para las familias con un miembro con discapacidad, la ley asegura que los ingresos por beneficiario no pierdan poder adquisitivo en términos reales respecto del año anterior. Además, incorpora garantías presupuestarias: el Ministerio de Salud deberá tener partidas específicas y, si no alcanzan, se podrá compensar con fondos del Tesoro.
Para los prestadores, el proyecto establece un cronograma de cancelación de deudas pendientes. El Poder Ejecutivo deberá publicarlo dentro de los 30 días de sancionada la ley y completar los pagos en un plazo de 90 días.
La norma también crea un sistema de auditorías periódicas. La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá cruzar datos con ANSES, ARCA, RENAPER y el SINTyS para verificar requisitos. Ante una posible irregularidad, se debe notificar al beneficiario, permitir un descargo y, si corresponde, ofrecer rehabilitación provisoria del beneficio mientras se resuelve.
El acuerdo llegó después de tensiones en septiembre, cuando el proyecto de Presupuesto 2027 propuso modificaciones que eliminaban algunas garantías. Tras negociaciones con bloques dialoguistas, se preservó la actualización automática de aranceles y la compatibilidad entre pensión y trabajo formal dentro de los límites.
Alicia Kirchner llamó a acelerar el tratamiento para evitar que el vencimiento de la emergencia deje al sector sin marco legal. Carlos Linares retiró su idea de prorrogar la emergencia y reconoció que el texto es “lo más cercano que tenemos”.
Traducido: esta ley busca dar previsibilidad y transparencia. Evita que cada año se discuta una prórroga de emergencia y establece reglas claras de financiamiento, control y actualización que impactan directamente en el acceso a pensiones, prestaciones médicas y pagos a prestadores.
Si se aprueba este mes, entraría en vigencia un régimen permanente que, según el oficialismo, aporta estabilidad tanto para las personas con discapacidad y sus familias como para el sistema de prestaciones en general.