La motosierra del primer semestre: dónde recortó el Gobierno para mantener el superávit fiscal

El Gobierno nacional logró cerrar el primer semestre del año con superávit fiscal primario, una meta que se había convertido en bandera desde el inicio de la gestión. La “motosierra” —como se la conoció en campaña— no fue un eslogan vacío: se tradujo en recortes concretos que, sumados a una mayor recaudación por inflación y devaluación, permitieron equilibrar las cuentas.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el superávit primario acumulado hasta junio alcanzó los 0,5% del PBI. El ajuste se concentró principalmente en tres grandes rubros: obras públicas, transferencias a provincias y subsidios energéticos. Estos ítems explican más del 70% del recorte total en comparación con el mismo período de 2023.

Obras públicas, el recorte más visible

La inversión en infraestructura cayó un 85% en términos reales. Durante los primeros seis meses se licitaron apenas 18 nuevas obras, frente a las 142 del mismo período del año anterior. En la práctica, esto significó la paralización de decenas de proyectos en todo el país: desde la ampliación de rutas en el interior hasta la construcción de viviendas en el conurbano bonaerense. En Capital Federal, varias intervenciones en avenidas y espacios públicos quedaron suspendidas a la espera de nueva financiación.

El ministro de Economía justificó la decisión argumentando que “no se puede seguir gastando lo que no se tiene”. Sin embargo, economistas independientes advierten que el freno abrupto a la obra pública ya empieza a notarse en el nivel de actividad: el sector de la construcción acumula una caída interanual de casi 30%.

Transferencias a las provincias

Otro eje del ajuste fue la reducción de giros discrecionales a las provincias. Las transferencias no automáticas cayeron un 65% en términos reales. Esto obligó a varios distritos a recalibrar sus presupuestos: algunos recortaron obras locales, otros postergaron pagos a proveedores y un grupo reducido aumentó impuestos provinciales para compensar.

El caso de la provincia de Buenos Aires fue paradigmático. Tras meses de tensión, el gobierno bonaerense logró un acuerdo de último momento que incluyó la cesión de parte de la coparticipación, pero el resto de las jurisdicciones no corrieron la misma suerte. Gobernadores de distintas fuerzas políticas coincidieron en señalar que el recorte los deja “al borde del ahogo financiero”.

Subsidios energéticos y transporte

En materia de subsidios, el recorte fue más gradual pero igualmente profundo. La quita de subsidios a la energía para usuarios de altos ingresos y comercios permitió ahorrar unos 1,2 billones de pesos en el semestre. El esquema de “segmentación” se profundizó: hoy solo los hogares de ingresos bajos y medios mantienen parte del beneficio, aunque con aumentos tarifarios que superan el 300% en algunos casos.

Algo similar ocurrió con los subsidios al transporte. El Fondo Compensador del Interior fue recortado drásticamente, lo que derivó en aumentos de boleto en el AMBA y en el interior. En Buenos Aires, el pasaje de colectivo ya supera los $1.000 en hora pico, un número que impacta de lleno en el bolsillo de los trabajadores.

Qué pasó con los gastos sociales

Uno de los datos que más sorprendió fue la contención relativa en los programas sociales. Aunque las partidas destinadas a AUH y Potenciar Trabajo sufrieron una licuación por inflación, no fueron eliminadas. El Gobierno optó por no generar un conflicto mayor en ese frente, aunque organizaciones sociales denuncian que la ayuda llega “cada vez más tarde y con menos poder adquisitivo”.

Las jubilaciones, en cambio, fueron uno de los capítulos más controvertidos. La fórmula de movilidad aplicada en marzo y junio implicó un aumento acumulado del 45%, muy por debajo de la inflación del 80% en el mismo período. El resultado es una pérdida de poder adquisitivo de más del 20% para el sector pasivo, que representa casi el 40% del gasto total.

El rol de la recaudación

El otro pilar del superávit no fue solo el recorte, sino también una recaudación que creció por encima de la inflación. Impuestos como el PAIS, Ganancias (aun con la reforma) y el IVA aportaron fuerte. La devaluación de diciembre también dejó un “colchón” de ingresos por derechos de exportación que ayudó a cerrar las cuentas.

Sin embargo, analistas advierten que este esquema puede ser difícil de sostener en la segunda parte del año. Con la economía en recesión, la recaudación podría empezar a resentirse. Además, quedan pendientes definiciones clave: la continuidad de la obra pública, el futuro de las tarifas y la posible restitución de algunos subsidios.

Qué se viene

El desafío para el segundo semestre es claro. El Gobierno se comprometió a mantener el superávit fiscal como condición para avanzar en la segunda etapa de su plan económico. Eso implica seguir ajustando, aunque ya quedan menos “puntos obvios” donde aplicar la motosierra. Las miradas están puestas en posibles recortes en la administración pública nacional y en una renegociación más agresiva de las deudas provinciales.

Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires el ajuste ya se siente. Desde el vecino que paga la luz el triple que hace un año hasta la pyme de la construcción que no tiene obra, el superávit fiscal tiene nombre y apellido: menos gasto, menos actividad y, por ahora, cuentas en orden.