Malvinas: la jugada de Milei ante el Tribunal del Mar para frenar el petróleo británico
El Gobierno argentino presentará el martes 10 y miércoles 11 de noviembre su pedido de medidas provisionales en Hamburgo para detener el proyecto Sea Lion. Analizamos los tres escenarios que pueden surgir y qué significa para la disputa por los recursos.
El próximo martes 10 y miércoles 11 de noviembre, Argentina y el Reino Unido se enfrentarán por primera vez ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo por una cuestión directamente vinculada a Malvinas. El Gobierno de Javier Milei buscará una medida cautelar urgente que frene el avance del proyecto petrolero Sea Lion, que ya se encuentra en etapa de preparación para comenzar a extraer en 2027.
Según los detalles del caso, la presentación argentina se hizo el 13 de octubre bajo el artículo 290 inciso 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Como el tribunal arbitral principal todavía no está constituido, Buenos Aires pidió medidas provisionales para evitar que las operaciones generen un hecho irreversible.
El objetivo concreto es que se detenga la explotación de hidrocarburos a cargo de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El yacimiento Sea Lion está ubicado a unas 107 millas náuticas al norte de las islas y contempla más de veinte pozos en su primera fase, además de una unidad flotante de producción.
¿Qué significa esto para la disputa económica? Si el petróleo comienza a fluir, se crea un hecho consumado: lo que se extrae no se puede devolver. Por eso Argentina argumenta que permitir el inicio de la producción mientras el arbitraje está pendiente genera un daño irreparable a sus derechos.
La solicitud incluye cuatro puntos principales: parar Sea Lion, impedir que el Reino Unido use información de la exploración en contra de los intereses argentinos, permitir que la Argentina cumpla con sus obligaciones ambientales y evitar nuevas decisiones que agraven la controversia.
El Reino Unido ya adelantó que va a cuestionar con fuerza la jurisdicción del tribunal arbitral y defiende que las actividades están reguladas por la legislación local de las islas, apelando al principio de autodeterminación de los isleños.
Para el Gobierno argentino, este paso marca un precedente histórico: es la primera vez que ambos países llegan a una instancia judicial internacional de este tipo por un tema petrolero ligado directamente a la Cuestión Malvinas. La ofensiva incluye más de 180 notas de desaliento a empresas, 60 procedimientos sancionatorios, denuncias penales y nuevas medidas legales y diplomáticas anunciadas en septiembre.
La delegación argentina estará encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, junto al consejero legal de Cancillería Mario Oyarzábal y otros funcionarios. Los argumentos serán reforzados por un equipo internacional que incluye a Marcelo Kohen, quien ya representó al país en el caso de la Fragata ARA Libertad en 2012, cuando el mismo tribunal ordenó a Ghana liberarla.
Las audiencias se transmitirán en vivo. El martes 10 Argentina expondrá de 10 a 13 (hora de Hamburgo) y el Reino Unido responderá de 15 a 18. El miércoles habrá una segunda ronda más corta. Después comenzará la espera por la decisión.
Los especialistas estiman que las medidas provisionales suelen resolverse en pocas semanas. En el antecedente de la Fragata Libertad, Argentina presentó el pedido el 14 de noviembre de 2012 y la orden se conoció un mes después.
Los tres escenarios que se abren
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El más favorable para la Argentina: el Tribunal ordena detener la explotación hasta que el arbitraje avance. Esto congelaría el proyecto y fortalecería la posición argentina.
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Decisión parcial: se conceden algunas de las medidas solicitadas y se rechazan otras. Sería un resultado intermedio que complicaría pero no frenaría del todo el avance británico.
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Rechazo total: el Tribunal considera que no hay jurisdicción prima facie suficiente o que no se cumplen las condiciones de urgencia. Aun así, el arbitraje bajo CONVEMAR seguiría adelante y Argentina podría volver a pedir medidas una vez constituido el tribunal arbitral.
En cualquiera de los casos, lo que ocurra en Hamburgo no definirá la soberanía sobre Malvinas ni resolverá el fondo del conflicto. Sin embargo, sí puede determinar algo muy concreto: si las empresas pueden empezar a extraer petróleo mientras los dos países discuten los derechos sobre esos recursos ante la justicia internacional.
Para el bolsillo argentino, más allá del valor simbólico, un eventual flujo de recursos desde la zona en disputa representaría una pérdida económica difícil de cuantificar pero relevante en términos de soberanía sobre los hidrocarburos. Si la tendencia de los últimos años se mantiene, el petróleo podría convertirse en un nuevo capítulo de la disputa que ya lleva más de 40 años desde el conflicto de 1982.
El resultado de estas audiencias se conocerá en las próximas semanas y será clave para entender hacia dónde se encamina esta nueva etapa de la estrategia jurídica del Gobierno.