Sindicato de Viales denuncia retención de más de $1 billón en fondos para rutas

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció que el Gobierno nacional retiene más de $1 billón de los fondos que por ley debían destinarse a la construcción y mantenimiento de rutas.

Según los números que maneja el gremio, de los $1.503.252 millones que la normativa establece para infraestructura vial, hasta el momento solo se ejecutaron $394.406 millones en obras. Eso deja un saldo sin aplicar de más de $1.108.846 millones.

En números: el 74% de los recursos previstos no se volcaron a las rutas. El sindicato sostiene que esa diferencia se está utilizando para ayudar a cumplir la meta de equilibrio fiscal primario que el Ejecutivo se impuso este año.

"Los fondos que deberían ir a las rutas están siendo retenidos para ajustar las cuentas públicas", señalaron desde el gremio en un comunicado. Para los viales, esto implica menos trabajo, menos mantenimiento de la red caminera y mayor riesgo en las rutas.

El reclamo cobra relevancia en un contexto donde el tránsito por las rutas nacionales sigue creciendo y donde varios tramos clave del país muestran deterioro por falta de obras. Desde el sindicato advierten que la situación puede generar mayor cantidad de accidentes y costos logísticos más altos para el transporte de cargas, que luego se trasladan a los precios de los productos que llegan al supermercado.

Traducido al bolsillo: si se reduce la inversión en infraestructura, el costo de mover mercadería sube. Eso termina impactando en el precio final de la comida, los materiales de construcción y casi todo lo que se transporta por camión, que es la inmensa mayoría de lo que consumimos.

El Gobierno, por su parte, mantiene la política de ajuste estricto para lograr superávit. En los últimos meses priorizó el pago de deuda, el ordenamiento de las cuentas públicas y la acumulación de reservas, postergando otras partidas presupuestarias.

El dato clave es que los fondos viales provienen en gran medida del impuesto a los combustibles, que pagan todos los que cargan nafta o gasoil. Es decir, el contribuyente común está aportando para las rutas, pero una parte importante de ese dinero no vuelve en forma de obras.

Desde el sindicato anticiparon que seguirán reclamando la liberación de esos recursos y advirtieron que, de no haber una rectificación, la conflictividad en el sector puede crecer en las próximas semanas.

Para ponerlo en contexto, en los últimos años la inversión real en vialidad había sido ya baja, pero la brecha que se registra en 2026 es una de las más pronunciadas de la última década. Los trabajadores viales, que dependen directamente de estas obras, son uno de los sectores más afectados por la desaceleración de la obra pública.

Si la tendencia se mantiene, los analistas estiman que el bache entre lo recaudado y lo ejecutado puede seguir ampliándose hacia fin de año, lo que complicaría aún más el estado de la red vial nacional.