La Justicia pide explicaciones por $1 billón en fondos viales que están en títulos y plazos fijos

El juez federal de Victoria, Federico Martín, admitió un amparo presentado por legisladores entrerrianos y le pidió explicaciones al Gobierno nacional sobre el uso de los fondos del impuesto a los combustibles destinados a infraestructura vial.

Entre enero de 2024 y mayo de 2026, según los datos que acompañan la presentación, ingresaron al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) más de $1,5 billones. De ese total, solo $394.406 millones se aplicaron efectivamente a obras. Al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón permanecía invertido en títulos públicos y plazos fijos.

La causa, que todavía no implica una acusación formal de retención ilegal, abrió el expediente y requirió informes al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional. Desde Vialidad pidieron la incompetencia para que el caso se tramite en la Ciudad de Buenos Aires en lugar de Entre Ríos, pero fuentes del proceso indicaron que ese pedido sería rechazado.

El momento no es casual. El fenómeno de El Niño ya está activo y el período de mayor riesgo de lluvias se concentra entre octubre y diciembre de 2026. En ese contexto, tanto Nación como las provincias despliegan planes de prevención, pero las obras estructurales avanzan con lentitud.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) suma otra capa al problema. De las 24 obras que empezaron a financiarse con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), 15 fueron canceladas o suspendidas, ocho siguen en ejecución y solo una figura como finalizada. Esas obras paralizadas representan contratos por $144.818 millones, es decir el 39,7% del monto total de la cartera analizada.

Al 1° de junio de 2026, el Fondo Hídrico tenía $290.676 millones colocados en Letras del Tesoro, $49.069 millones en cuentas a la vista y $247 millones en plazos fijos. En total, casi $340.000 millones, de los cuales el 85,5% estaba invertido en deuda del Tesoro. Los intereses cobrados por las LECAP entre enero y mayo llegaron a $59.747 millones, prácticamente la misma cifra que los $61.082 millones que se pagaron por obras en el mismo período.

El caso más emblemático es la cuenca del Río Salado. Los tres subtramos del Tramo IV que dependen de fondos nacionales muestran avances de 0%, 6,7% y 18,8%. La provincia de Buenos Aires preparó el Tramo V, pero sostiene que no puede avanzar hasta que Nación termine el anterior. El préstamo del Banco Europeo de Inversiones para las etapas 1 y 2 del Tramo V venció en junio de 2026 y la prórroga solicitada hasta marzo de 2030 aún está pendiente.

¿Qué significa esto para tu bolsillo y para la producción?

Cuando las rutas y los canales no están en condiciones, el costo lo paga el transportista, el productor y, al final, el consumidor. Un camino rural inundado implica más tiempo de viaje, mayor desgaste de camiones, precios más altos en la góndola y pérdida de cosechas. Traducido: menos competitividad y más inflación en alimentos.

En Buenos Aires, el operativo de Vialidad Nacional se centró en mantenimiento de rutas como la 3, 33, 188, 226 y la autopista Presidente Perón. Se hicieron limpieza de cunetas, alcantarillas y control de erosión, pero se trata principalmente de arreglos sobre lo existente. Las grandes obras hidráulicas requieren otra escala de inversión.

La provincia, por su lado, presentó un Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático con 139 obras y proyectos por $1,7 billones. Incluye trabajos en el río Luján, Areco, Canal Maldonado, Presa Roggero y defensas costeras. Durante 2025 realizó más de 33.850 horas máquina y 272,4 kilómetros de intervenciones en 40 municipios.

Desde los municipios se habilitó el uso de hasta el 100% de los recursos del Inmobiliario Rural para obras hídricas durante 180 días. CONINAGRO criticó que se financie la emergencia con plata destinada a infraestructura productiva y reclamó un fondo específico.

El informe de CEPA identifica seis zonas de alta exposición ante El Niño. Entre ellas, la cuenca del Salado, los Bajos Submeridionales (donde las dos obras previstas fueron rescindidas) y el conurbano bonaerense (donde 7 de 8 obras hídricas están paralizadas). Además, un crédito del Banco Mundial por u$s 200 millones aprobado en 2023 para infraestructura resiliente registra 0% de ejecución.

La discusión judicial expone un problema de coordinación. Nación tiene recursos afectados y hace mantenimiento preventivo. Las provincias y municipios sostienen el día a día de los caminos rurales. Pero las obras estructurales que necesitan funcionar como un sistema dependen de fondos, avales y decisiones repartidas entre distintas jurisdicciones.

Mientras la Justicia empieza a preguntar dónde están los recursos destinados a las rutas, el Fondo Hídrico tiene cientos de miles de millones colocados en deuda del Tesoro y varias obras siguen frenadas. Para los especialistas, el desafío no es solo conseguir más plata, sino coordinar su ejecución según la urgencia real que impone El Niño en los próximos meses.