Las “cajas negras” de la política: Los fondos fiduciarios administran recursos por ,5 billones cada año sin control alguno
Una de las razones que llevó al colapso del tratamiento de la Ley Bases en el Congreso fue que dentro de las reformas de Milei, se disponía la intervención y eliminación de los llamados “fondos fiduciarios” del Gobierno Nacional, fondos que se administran con un nivel de discrecionalidad absoluto y sin supervisión o controles de transparencia.
Estos fondos son verdaderas “cajas negras” de la política argentina, que administran cerca de 2 puntos del PBI, una masa de recursos que asciende a los ,5 billones de pesos por año. Lo que es lo mismo, cada año se gastan entre US$ 8.000 y US$ 10.000 millones en partidas que no están sometidas al debido control y fiscalización del Estado, sino que son recursos “garantizados” con ejecución automática.
Hay 29 fondos fiduciarios que actualmente tienen vigencia, y cada uno tiene su administrador, que suelen ser punteros de distintos partidos políticos nombrados por el Poder Ejecutivo por un periodo determinado, quienes no pueden ser removidos hasta que se cumpla.
Se desconoce completamente qué empresas contratan para llevar a cabo sus tareas específicas, o bajo qué criterios se contrató a una y no a otras. Se desconoce cómo fueron colocadas las partidas y por qué razones, y tampoco existe ninguna evaluación de impacto de las políticas ejecutadas, por lo que no hay manera de saber si cumplen sus objetivos, o hasta que punto gastaron el dinero cómo y dónde debían hacerlo.
La falta de supervisión y control
Todos estos problemas fueron advertidos en reiteradas oportunidades por la propia Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, la cual asegura que la mera existencia de estos fondos excede completamente las funciones constitucionales del Ejecutivo sobre el Legislativo, que tiene entre sus tareas la supervisión de las partidas y los presupuestos.
La Ley Bases dotaba al Presidente de poderes para intervenir estos fondos, eliminar los que quisiera y reformar y redestinar los recursos que administran. Así estaba reconocido dentro del famoso inciso “h” del artículo 4° en el proyecto de ley, que fue rechazado por los diputados que habían apoyado en general a la ley.
La oscuridad detrás de estos procesos presupuestarios le abre las puertas a la corrupción enquistada en el aparato burocrático estatal, e impide una correcta asignación de los recursos públicos. Sin la reforma que proponía la Ley Bases, el presidente Javier Milei no puede ni siquiera hacer una auditoría de estos fondos, y debe esperar que se cumplan los plazos designados por Alberto Fernández para su administración, que van entre 2 y 4 años en muchos de los casos.
La propuesta de la Ley Bases
En la Ley Bases se incluía un amplio proceso de auditoría para trazar un orden de prioridades en cada uno de los fondos, eliminado cualquier tipo de gasto superfluo y cualquier indicio de corrupción política. También se permitiría la posibilidad de unificar y simplificar fondos.
Algunas de estas cajas políticas se encuentran bajo la órbita del Banco Nación, mientras que otras son gestionadas por el BICE y el Banco Hipotecario, entre otros organismos. Algunas, directamente tienen Consejos de Administración cuyos miembros sin designados a dedo por acuerdos políticos, entregando estas cajas a cambio de favores.
Muchos diputados que responden a intereses sectoriales se negaron a acompañar el proyecto por su intervención de los fondos fiduciarios. Estos recursos financian, entre otras cosas, regímenes especiales de promoción (todos arbitrarios), subsidios, y tratamientos diferenciales para ciertas empresas.