En la provincia de Santiago del Estero, se ha revelado un escándalo que pone en evidencia el control que el gobernador Gerardo Zamora ejerce sobre el sistema judicial. La fiscal Aida Farrán Serlé ha revelado un esquema de asociación ilícita entre el gobierno, la policía y el kirchnerismo.
A través de una serie de audios filtrados, la fiscal Farrán Serlé reconoce que el policía Juan Pablo Fernández, quien está detenido por el caso Móttola, es inocente y fue arrestado por orden del gobernador Zamora de manera arbitraria. Esto demuestra la manipulación de causas judiciales por motivos políticos en la provincia de Santiago del Estero.
Este escándalo ha provocado conmoción debido a la confirmación de que el policía lleva más de cuatro años detenido sin juicio oral y con prisión preventiva. Ahora, se ha presentado una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Darío Alarcón, el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez y la fiscal Aida Farrán Serlé por omisión de deberes, denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el caso también se menciona a la jueza Rosa Falco, quien llevó adelante el caso de Marito Salto. El conflicto tiene su origen en un litigio por la posesión de tierras en el Departamento Pellegrini, que ha sido marcado por un retardo injustificado en el proceso judicial.
Según la denuncia presentada, se ha observado una negativa sistemática a cualquier planteo o pedido realizado, lo que viola las garantías constitucionales y busca apropiarse ilegítimamente de inmuebles en toda la provincia. Este proceso está facilitado por una red ilícita en la que están involucrados empleados de la administración pública, empresarios, escribanos y funcionarios judiciales.
La denuncia ha sido realizada por Edgardo Taboada, quien ha expuesto un entramado ilícito tras numerosas presentaciones ante la justicia santiagueña. Además, ha presentado cargos por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura
Este escándalo pone en evidencia la fragilidad del sistema judicial de Santiago del Estero y la necesidad de reformas para garantizar un proceso justo y transparente para todos los ciudadanos. La justicia no puede estar sujeta a los intereses políticos de un gobernador o cualquier otra autoridad.
Es fundamental que se investigue a fondo esta situación y se tomen las medidas necesarias para rectificar las injusticias cometidas. Los ciudadanos de Santiago del Estero merecen un sistema judicial imparcial y confiable, donde prevalezcan los principios de justicia y equidad.
Referencia: “Exponen el control de Zamora sobre la justicia de Santiago del Estero: Un fiscal confesó asociación ilícita y detenciones arbitrarias” – La Derecha Diario