El Gobierno del Presidente Javier Milei está impulsando una amplia desregulación económica en diversos sectores. En esta ocasión, la atención se centra en el sistema de salud y, más específicamente, en las obras sociales. En los próximos días, se reglamentará el Decreto 70/2023, que busca eliminar las regulaciones que hasta ahora prevalecían en las obras sociales.
A lo largo de los años, los aportes para la cobertura de salud han sido sistemáticamente controlados por organizaciones sindicales, negando así el derecho de los trabajadores a elegir libremente cómo utilizar sus ingresos. Esta situación ha generado un sistema de privilegios en el cual un pequeño grupo de sindicalistas obtenía rentas a expensas de la competencia y en contra del beneficio de las personas. Con la implementación del nuevo decreto, se pondrá fin a estos privilegios en favor de la libre elección.
En términos generales, el Decreto propone revertir la mayoría de los cambios establecidos durante la administración anterior del Presidente Alberto Fernández. Para ello, se establecen algunas pautas que promoverán la competencia entre las obras sociales y las empresas de medicina prepaga:
- Se establece una libre competencia entre las prepagas y las obras sociales, otorgándoles el mismo trato legal y haciendo que las prepagas contribuyan al Fondo Solidario de Redistribución (SUR) junto con las obras sociales.
- Los beneficiarios del sistema de salud podrán elegir libremente entre obras sociales y prepagas, desapareciendo así cualquier obligación que priorice a las primeras.
- Los beneficiarios podrán ingresar a una prepaga o cambiar de obra social desde el comienzo mismo de una nueva relación laboral, eliminando así el límite de 1 año impuesto previamente.
Estas medidas tendrán un impacto positivo en los ingresos de millones de trabajadores, especialmente aquellos que son independientes o que están contratados como monotributistas. Estos individuos podrán destinar sus aportes a la obra social o prepaga de su elección, sin restricciones ni plazos.
La libre competencia entre prepagas y obras sociales también permitirá reducir los costos del sistema de salud, generando así un alivio económico para los beneficiarios.
Para comprender la importancia de esta desregulación, es necesario remontarse a la historia de las obras sociales. Gran parte de las restricciones y regulaciones que se pretenden eliminar tienen su origen en la gestión de Juan Carlos Onganía durante la década de 1990. En aquel momento, se impulsó un modelo corporativista en los sindicatos, lo cual limitaba la libertad de elección de las obras sociales.
El primer proceso de desregulación de las obras sociales se llevó a cabo en 1997, durante el Gobierno del Presidente Carlos Menem. En ese momento, se permitió a los afiliados elegir libremente a qué obra social apoyar, aunque se estableció un plazo mínimo de 12 meses.
Bajo la gestión de Fernando De la Rúa, se logró una nueva etapa en la desregulación de las obras sociales, permitiendo una elección libre sin plazos mínimos de permanencia. Sin embargo, los privilegios y la competencia desleal en relación a las prepagas aún persistían.
Posteriormente, durante el kirchnerismo, muchos de los cambios liberadores de la década de 1990 fueron revertidos. Más recientemente, el expresidente Fernández amplió el plazo mínimo de permanencia en una obra social a 12 meses. El Gobierno de Milei lidera ahora la propuesta desreguladora más ambiciosa en la historia argentina en este sector, prometiendo un cambio significativo en el funcionamiento del sistema de salud privado.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente en La Derecha Diario. La versión aquí presentada es una interpretación y no debe ser considerada como una fuente oficial.