El Gobierno de Milei declara la educación como un servicio esencial
En una medida sin precedentes, el Gobierno liderado por el presidente Javier Milei ha decidido declarar la educación como servicio esencial en Argentina. Esta acción ha sido tomada como una forma de garantizar que los niños puedan recibir clases durante todo el año sin interrupciones.
El DNU 70/2023, conocido como el “decreto desregulador”, incluye esta disposición que limita el derecho a huelga en el ámbito educativo. Según el artículo 97 de dicho decreto, la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial, se considerarán como servicios esenciales.
Esta medida busca resolver la problemática laboral que enfrenta el sector educativo en Argentina, especialmente en aquellas provincias que han experimentado prolongados conflictos docentes. Un ejemplo de esto es Santa Cruz, donde el año pasado solo se cumplió con el 33% del calendario escolar.
El impacto de la medida
La decisión del Gobierno implica que, en caso de un conflicto colectivo que afecte los servicios esenciales, las partes involucradas no podrán negociar o imponer una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio. Esto significa que en una escuela, por ejemplo, no más de 1 de cada 4 docentes podrán adherirse a una medida de fuerza.
Esta medida ha generado controversia y ha sido objeto de debate en el país. Algunos consideran que garantizar la continuidad de las clases es fundamental para asegurar el derecho a la educación, mientras que otros opinan que limitar el derecho a huelga de los trabajadores es una medida autoritaria.
La suspensión y apelación del decreto
A pesar de la decisión del Gobierno, el apartado que modifica el sistema laboral, incluido en el capítulo 4 del decreto, se encuentra suspendido por orden de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo. Esta suspensión se dio como resultado de un amparo presentado por la CGT.
Esta decisión judicial ha sido apelada y está a la espera de la resolución final por parte de la Corte Suprema. Será esta entidad la encargada de determinar si la medida del Gobierno es constitucional y si puede ser implementada en su totalidad.
En conclusión, la declaración de la educación como servicio esencial por parte del Gobierno de Milei busca garantizar que los niños puedan recibir clases sin interrupciones. Sin embargo, esta medida ha generado polémica y está siendo objeto de debate y análisis tanto a nivel político como jurídico en el país.