Nuevo enfoque en la financiación de la represión en el Senegal
Recientemente, una investigación llevada a cabo por al-Jazeera en colaboración con la Fundación porCausa ha revelado información preocupante sobre el uso de fondos proporcionados por la Unión Europea para financiar una fuerza de seguridad especial en el Senegal. Esta unidad, conocida como GAR-SI Senegal, fue originalmente establecida, equipada y capacitada para combatir el terrorismo y la delincuencia transfronteriza en la región. Sin embargo, se ha descubierto que estas fuerzas fueron desplegadas para reprimir violentamente protestas pro-democracia en el país.
Las protestas, que estallaron a raíz del proceso legal contra Ousmane Sonko, un reconocido líder de la oposición en Senegal, han generado una ola de manifestaciones en todo el país desde principios de 2021, resultando en la muerte de decenas de personas. A través del análisis de material audiovisual, contratos gubernamentales españoles, un informe de evaluación confidencial y testimonios, al-Jazeera y porCausa han podido documentar el uso de vehículos blindados y otros recursos proporcionados por la Unión Europea para reprimir las protestas.
Es importante destacar que GAR-SI Sahel, el proyecto regional que incluía a GAR-SI Senegal, fue financiado con 75 millones de euros del Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión Europea, administrado por la Fundación Internacional e Iberoamericana para la Administración y las Políticas Públicas (FIIAPP). Si bien el objetivo original era proteger a Senegal y otros países de la región de amenazas transfronterizas, las unidades de GAR-SI se utilizaron de manera diferente en Senegal, incluso para operaciones de “seguridad interna”, como lo muestra un informe final de evaluación del proyecto.
Esta desviación en el uso previsto de las unidades de GAR-SI plantea preocupaciones sobre la protección de los derechos humanos y la gestión de las protestas democráticas en el país. Al-Jazeera y porCausa, después de analizar la información disponible, han revelado que no existe una estrategia clara o comunicación dentro de las fuerzas de seguridad senegalesas para garantizar que estos recursos se utilicen únicamente para los fines originalmente previstos.
Esta información pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y supervisión en la financiación de proyectos similares, así como una revisión de los mecanismos de control para garantizar que los fondos entregados por organismos internacionales se utilicen de manera ética y conforme a los principios democráticos. Además, es fundamental que se establezcan salvaguardias sólidas para proteger los derechos humanos y evitar el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad.
La comunidad internacional debe estar atenta a estas situaciones y exigir una rendición de cuentas, tanto a los responsables de la represión en Senegal como a los organismos de financiación. El respeto de los derechos humanos y la promoción de la democracia deben ser principios fundamentales en todas las acciones y proyectos de colaboración entre países. Solo a través de una mayor transparencia y responsabilidad podremos asegurar un futuro en el que los derechos de todas las personas sean respetados y protegidos.