Bajo la gestión de Axel Kicillof y Homero Giles, la situación IOMA llega a un punto crítico que deja a la deriva a los usuarios de la obra social de la Provincia de Buenos Aires.
En medio de una crisis sanitaria sin precedentes en la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) enfrenta severos cuestionamientos debido a la deficiente gestión del gobernador Axel Kicillof.
Las reiteradas denuncias por parte de profesionales de la salud, federaciones médicas y afiliados exponen un panorama alarmante sobre el estado de la obra social más importante de la provincia, y que el propio gobernador había prometido revitalizar durante su gestión.
Los problemas en IOMA no son recientes; sin embargo, se han agravado durante la gestión de Homero Giles, quien asumió la presidencia de la institución en diciembre de 2019 designado directamente por Kicillof.
Desde entonces, los conflictos con clínicas, médicos y prestadores de servicios de salud han escalado, evidenciando un manejo cuestionable de los recursos y una notable falta de compromiso para resolver los problemas que había con la cobertura médica.
Los retrasos en los pagos a clínicas y profesionales de la salud por parte de IOMA, en un contexto de inflación creciente en Argentina, han exacerbado las tensiones entre la obra social y sus prestadores.
Estas demoras, que en algunos casos alcanzan los 19 meses, no solo generan una presión financiera sobre los proveedores de servicios de salud, sino que también comprometen la calidad y accesibilidad de la atención médica para los afiliados.
Al no recibir compensaciones adecuadas y oportunas, las clínicas se ven en la difícil posición de tener que considerar la suspensión de servicios, dejando a los afiliados sin las prestaciones necesarias.
Paralelamente, la cobertura de medicamentos por parte de IOMA se encuentra en uno de sus puntos más bajos históricos, con un promedio de cobertura del 20%. Este escenario obliga a los afiliados a cubrir de su bolsillo una parte significativamente mayor de los costos de medicamentos.
Este factor pone de manifiesto la desconexión de IOMA con las necesidades básicas de sus afiliados y subraya la urgencia de actualizar los esquemas de cobertura para aliviar la carga financiera que enfrentan.
La Federación Médica de Buenos Aires (FEMEBA) ha manifestado su preocupación por los incumplimientos contractuales por parte de IOMA, señalando la falta de actualización de honorarios y la deuda acumulada con los prestadores, que en algunos casos asciende a 19 meses.
Corte de atención en Mar del Plata
De una crisis más amplia que afecta a toda la provincia, la situación más emblemática es la de Mar del Plata, donde clínicas importantes suspendieron la atención a los afiliados de IOMA.
Esto se generó luego de un preaviso de suspensión a 60 días emitido desde la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) en octubre del 2023, con el objetivo de establecer una mesa de diálogo para poder negociar nuevos convenios.
Este aviso no fue escuchado de forma correspondiente por parte de las autoridades de IOMA, subestimando el accionar de las clínicas frente a la posibilidad de dejar a más de 100 mil afiliados sin cobertura, concluyendo en la caída del convenio y la suspensión de la prestación desde el 4 de diciembre de 2023.
Esta situación no solo afecta la viabilidad financiera de los profesionales y las instituciones de salud, sino que también plantea serios cuestionamientos sobre la capacidad de IOMA para cumplir con su misión fundamental de proveer servicios de salud de calidad a sus afiliados.
La desesperación y confusión entre los afiliados genera una incertidumbre sobre a quién atribuir la responsabilidad de la falta de cobertura médica, y el gobernador de la Provincia está buscando instalar a través de los medios que reciben su pauta oficial que todo es culpa del Gobierno Nacional de Javier Milei, creyendo que la gente no sabe la diferencia entre una jurisdicción y la otra. Es crucial señalar que el Gobierno Nacional no tiene obligaciones directas con IOMA, cuya gestión y financiamiento recaen exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires.
Frente a la ausencia de cobertura, los afiliados han recurrido a amparos de salud como un recurso extremo para garantizar la atención urgente, enfrentándose a procesos judiciales complejos y lentos. Además, la práctica de cubrir los costos de atención médica de su bolsillo y luego buscar el reintegro por parte de IOMA.En busca de soluciones alternativas, un caso notable es el de San Nicolás, donde la administración municipal tomó la decisión de ofrecer a sus empleados la posibilidad de afiliarse a una empresa de medicina prepaga.
Esta medida, pionera en su tipo, permitió a los trabajadores municipales redirigir sus aportes de IOMA hacia una cobertura de salud privada. Esta innovadora solución destaca no solo por su carácter de emergencia ante el fallo de IOMA en brindar servicios adecuados, sino también por marcar un precedente en cómo los gobiernos locales pueden solucionar problemas a través del sector privado.
La crisis en IOMA se enmarca dentro de un escenario más amplio de deterioro en el sistema de salud de la provincia, responsabilidad directa de la administración de Kicillof. La falta de una estrategia clara y efectiva para abordar los problemas estructurales de la obra social, sumado a decisiones políticas cuestionables, han contribuido al estado crítico en que se encuentra hoy el sistema.
Entre los más afectados se encuentran los jubilados, quienes, a pesar de haber dedicado años de servicio, ahora enfrentan serios desafíos para acceder a la atención médica necesaria. El sistema público de salud, aunque sigue abierto para los afiliados de IOMA, se ve abrumado por retrasos en los turnos y superpoblaciones, complicando aún más la situación para este grupo vulnerable.
La gestión de Giles ha sido particularmente controvertida, con acusaciones de intentar “estatizar” el sistema sanitario privado sin un plan coherente o los recursos suficientes para garantizar la calidad del servicio. A pesar de sus declaraciones sobre mejoras en la cobertura y la adición de nuevos beneficios en 2023, los hechos demuestran lo contrario: afiliados sin acceso a tratamientos esenciales, médicos y clínicas en pie de guerra, y una obra social que se aleja cada vez más de su objetivo de brindar salud de calidad.
Desde La Derecha Diario le agradecemos a Augusto Pérez Ferrero por la investigación.