En los últimos meses, las Universidades Nacionales han estado en el centro del debate político debido al reclamo por mayores presupuestos. Sin embargo, una institución en particular ha llamado la atención por su gestión cuestionable: la Universidad Nacional de las Artes (UNA). En esta universidad, se han detectado privilegios injustificados, casos de corrupción y un evidente adoctrinamiento político.
Si bien actualmente el foco se encuentra en otras universidades, como las de Hurlingham, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Antonio de Areco y la del Noroeste de Buenos Aires, es necesario analizar y cuestionar las prácticas llevadas a cabo en la UNA.
Existen varias acciones preocupantes que han sido realizadas por esta institución y que han llamado la atención del oficialismo. Una de ellas es la convocatoria por parte del Consejo Superior oficialista a medidas de “alerta y movilización” contra Javier Milei, lo cual muestra claramente un sesgo político partidario. Además, la universidad ha expresado abiertamente críticas hacia la política económica del gobierno en un comunicado y ha organizado actos partidarios, desvirtuando así su misión educativa.
Si se avanza con la investigación de la gestión de la Rectora, Sandra Torlucci, se analizarán los fondos históricos transferidos, las cesiones de inmuebles realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y las contrataciones sospechosas de edificios alquilados por la universidad. Todo esto sugiere la existencia de una caja negra que necesita ser investigada y esclarecida.
Otro punto que se deberá tener en cuenta son los excesivos cargos políticos y los salarios asociados a ellos. Se estima que existen más de 50 cargos políticos en la UNA, lo cual es excesivo y genera un gasto innecesario de dinero público. Además de esto, se investigarán las denuncias de adoctrinamiento y hostigamiento hacia los estudiantes, que han sido recibidas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Es necesario que se realice una profunda auditoría en la UNA para analizar todos estos aspectos y garantizar una gestión transparente en esta institución educativa. La educación no debe ser utilizada como medio para promover una determinada agenda política, sino que debe brindarse de manera imparcial y objetiva. La sociedad espera respuestas y soluciones para evitar casos de corrupción y adoctrinamiento en las universidades nacionales.