A dos años del Pacto de Mayo: promesas cumplidas y las que aún esperan
Se cumple el segundo aniversario de la firma del Pacto de Mayo. Repasamos qué puntos del acuerdo impulsado por el Gobierno ya se concretaron y cuáles permanecen pendientes.
Este 25 de mayo se cumplen dos años desde la firma del Pacto de Mayo, el acuerdo que el presidente Javier Milei impulsó en 2025 con gobernadores y sectores productivos para sentar las bases de un nuevo contrato social en la Argentina.
El documento, que en su momento generó expectativa y también desconfianza, contenía diez puntos centrales que iban desde la reforma del Estado hasta la inversión en infraestructura y la estabilidad fiscal. A dos años de distancia, el panorama muestra avances en algunos frentes y demoras significativas en otros.
Los puntos que se cumplieron
Uno de los logros más claros fue la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal que acompañó el acuerdo. Ambas normas se sancionaron en el Congreso durante los primeros meses posteriores a la firma y permitieron avanzar con la desregulación de sectores clave como el hidrocarbónico y el minero. Varios gobernadores del interior destacaron el impacto en sus provincias, especialmente en Salta, Jujuy y San Juan.
La reforma del Estado también se concretó en buena medida. Se eliminaron ministerios, se redujo la planta de personal estatal y se avanzó con la privatización de algunas empresas públicas. Según datos oficiales, el gasto primario cayó casi un 30% en términos reales durante el primer año, lo que permitió alcanzar superávit fiscal en 2025 y 2026.
Otro compromiso cumplido fue la firma de acuerdos bilaterales para atraer inversiones extranjeras. En este período se cerraron contratos con empresas de Estados Unidos, Europa y Emiratos Árabes para proyectos de litio, gas y energías renovables en el norte argentino. Salta, por ejemplo, vio la llegada de dos nuevos proyectos de extracción de litio que ya están en etapa de construcción.
Lo que sigue pendiente
Sin embargo, varios ejes del Pacto de Mayo todavía esperan por su concreción. La reforma laboral profunda, que prometía mayor flexibilidad y reducción de litigiosidad, quedó trabada en el Congreso y solo se avanzó a través de decretos que luego fueron parcialmente frenados por la Justicia.
La inversión en infraestructura, especialmente en rutas y ferrocarriles del interior, se vio demorada por la escasez de fondos. Aunque se licitaron algunas obras, la mayoría se encuentran en etapa de planificación o con financiamiento internacional todavía sin desembolsar.
La promesa de “paz social” y diálogo permanente con sindicatos y movimientos sociales tampoco se cumplió del todo. El segundo año del mandato estuvo marcado por protestas frecuentes, paros generales y cortes de ruta, lo que generó tensión en varias provincias, incluida Salta.
Por último, la reforma previsional que se mencionaba en el documento original sigue sin tratamiento legislativo. Jubilados y pensionados reclaman una actualización automática que compense la inflación acumulada, algo que el Gobierno postergó argumentando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.
El balance desde el interior
Desde Salta, el gobernador Gustavo Sáenz ha mantenido una posición pragmática. En declaraciones recientes reconoció los avances en materia fiscal y de atracción de inversiones, pero pidió “celeridad” en las obras de infraestructura y en la resolución de los conflictos laborales que afectan al sector privado local.
Analistas consultados coinciden en que el Pacto de Mayo logró estabilizar algunas variables macroeconómicas, pero todavía le falta traducir esos logros en mejoras concretas para la vida cotidiana de los argentinos. La inflación, aunque bajó, sigue siendo un problema, y el crecimiento económico no termina de despegar.
A dos años de su firma, el Pacto de Mayo se presenta como un documento en construcción: con logros visibles pero también con promesas que, según el Gobierno, requieren más tiempo y, según sus críticos, más voluntad política.
