El sector marítimo endurece críticas a Sturzenegger y rechaza la apertura del cabotaje

El sector marítimo argentino salió con todo contra la idea de abrir el cabotaje a buques de bandera extranjera. En las últimas horas, cámaras empresarias, sindicatos y especialistas endurecieron sus críticas a Federico Sturzenegger, quien viene impulsando la liberalización como parte de su agenda para reducir costos logísticos en el país.

Según datos del sector, el cabotaje mueve alrededor de 25 millones de toneladas al año entre puertos argentinos. Hoy está reservado casi exclusivamente para buques de bandera nacional, una protección que data de décadas. Sturzenegger sostiene que eliminar esa restricción permitiría bajar entre 15% y 30% los costos de transporte interno, lo que se traduciría en precios más bajos para bienes que se mueven por río y mar.

"¿Qué significa esto para tu bolsillo?" se preguntan desde el sector. Si el costo logístico cae, en teoría debería bajar el precio final de productos como combustibles, granos, cemento y materiales de construcción que viajan por el litoral. Pero los actores del rubro marítimo aseguran que el precio a pagar sería demasiado alto: pérdida de empleos directos e indirectos y el desmantelamiento de una flota nacional ya diezmada.

En números: la actividad genera unos 8.000 puestos de trabajo directos y más de 30.000 indirectos, según estimaciones de la Cámara de Armadores de Buques de Cabotaje. Desde la entidad advirtieron que la apertura indiscriminada “significaría la desaparición de la marina mercante argentina”.

Federico Sturzenegger, en su rol al frente de la desregulación económica, argumenta que la protección actual genera ineficiencias y mantiene fletes internos más caros que en países vecinos. “El cabotaje cerrado es un subsidio invisible que paga el que compra en el interior”, sostuvo en reuniones recientes.

Sin embargo, el rechazo es transversal. La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA) calificó la propuesta como “una entrega de soberanía” y anunció movilizaciones. “No estamos en contra de la competencia, pero no podemos competir con buques que pagan salarios en dólares de economías con subsidios estatales enormes”, dijo un vocero sindical.

El debate se da en un contexto donde la flota nacional de cabotaje se redujo drásticamente en los últimos 20 años. Hoy opera con menos de 50 buques de más de 1.000 toneladas, muchos de ellos con más de 30 años de antigüedad. La falta de renovación se explica, según los empresarios, por la inestabilidad económica, altos costos impositivos y la propia regulación que, paradójicamente, no logró proteger la industria.

Traducido: si se abre el cabotaje, empresas extranjeras (principalmente de Chile, Brasil y Europa) podrían ofrecer fletes más baratos usando su propia flota. Eso bajaría el costo para el exportador o el productor, pero dejaría sin trabajo a marinos, mecánicos, estibadores y toda la cadena de valor que depende de los buques argentinos.

Desde el Gobierno aún no hay un proyecto formal presentado, pero el impulso de Sturzenegger genera preocupación en el sector. Analistas del mercado sostienen que una apertura gradual, con requisitos de bandera, tripulación nacional o inversión en astilleros locales, podría ser un punto intermedio. Pero por ahora el sector marítimo no está dispuesto a ceder.

El dato clave es que Argentina tiene más de 4.000 kilómetros de costa y una red fluvial que cruza el país. El transporte por agua sigue siendo, en teoría, el más barato. La pregunta es si vale la pena sacrificar una industria nacional para que ese transporte sea todavía más económico.

Si la iniciativa avanza, los próximos meses serán clave. El sector ya anunció que llevará su posición al Congreso y buscará el apoyo de bloques provinciales de las zonas portuarias. Por ahora, el endurecimiento de las críticas muestra que la discusión recién empieza y que no será sencilla.