Confirman la suspensión de la ley que creaba Justicia Laboral en CABA

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la suspensión cautelar de la Ley 6789 de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitaba la implementación de la Justicia Laboral en el ámbito local.

La decisión, tomada por la Sala II de la Cámara, mantiene frenada la transferencia de competencias del fuero laboral nacional a la Ciudad. De esta manera, los reclamos de trabajadores seguirán tramitándose en los juzgados nacionales de primera instancia en lo Laboral.

Para ubicarse: la Ley 6789, sancionada por la Legislatura porteña en 2022, buscaba crear un fuero laboral local con 47 juzgados. La norma había sido impulsada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y generó fuerte resistencia de sindicatos y abogados laboralistas.

La cautelar original había sido dictada por el juez Roberto Gallardo en marzo de este año. El magistrado consideró que la transferencia de competencias podía vulnerar derechos adquiridos de los trabajadores y afectar la independencia judicial.

Ahora la Cámara ratificó esa medida al rechazar el pedido de apelación presentado por el Gobierno de la Ciudad. Los camaristas entendieron que existen "cuestiones constitucionales de entidad" que requieren un análisis más profundo en la etapa de sentencia definitiva.

"Lo que se sabe hasta ahora es que la Justicia Laboral nacional seguirá operando en CABA al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo", explicaron fuentes judiciales consultadas.

¿Por qué importa? La Ciudad de Buenos Aires concentra alrededor del 30% de los juicios laborales del país. Un eventual pase al fuero local hubiera implicado cambios en plazos procesales, costos y hasta en la forma en que se resuelven los conflictos entre empleados y empleadores.

Desde el gremio de judiciales y colegios de abogados habían advertido que la reforma podía generar mayor lentitud en los procesos y una posible pérdida de especialización de los magistrados. El Gobierno porteño, en cambio, defendía que la medida acercaría la justicia al vecino y descongestionaría los tribunales nacionales.

La resolución de la Cámara no resuelve el fondo del debate sobre si la Ciudad está en condiciones de asumir la competencia laboral, sino que solo mantiene la suspensión mientras se tramita la demanda de inconstitucionalidad.

Se espera que en los próximos meses avance el expediente principal. Mientras tanto, los más de 40.000 juicios laborales que se inician por año en Buenos Aires continuarán en el fuero nacional.

Cancillería no está involucrada, pero el caso sigue de cerca tanto desde el Ministerio de Trabajo de la Nación como desde la Procuración de la Ciudad.