Dejan firme el embargo del departamento de San José 1111 para decomisar bienes de los Kirchner
La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de Máximo y Florencia Kirchner y confirmó el embargo del inmueble ubicado en San José 1111, que forma parte de un lote de 13 propiedades.
La Cámara Federal de Casación dejó firme el embargo del departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte del proceso de decomiso de bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner.
La decisión se adoptó al rechazar un recurso presentado por los hijos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El inmueble integra un lote de 13 propiedades sobre las que el Estado busca avanzar en la ejecución de decomiso.
La resolución de la Cámara confirma lo dispuesto en instancias anteriores y habilita a las autoridades judiciales a continuar con los trámites para materializar el decomiso. Según los antecedentes del caso, se trata de bienes que fueron incorporados al patrimonio de los Kirchner durante el período investigado en las causas de corrupción conocidas como Hotesur y Los Sauces.
El departamento de San José 1111 había sido embargado en su momento por orden del juez federal Claudio Bonadio, medida que luego fue ratificada por la Cámara Federal. Los abogados de Máximo y Florencia Kirchner intentaron revertir esa decisión mediante un recurso de casación, el cual fue rechazado por la sala correspondiente.
De esta manera, el embargo queda en firme y el proceso para el decomiso puede avanzar. s judiciales indicaron que resta definir los pasos administrativos para la eventual subasta u otro mecanismo de ejecución de los bienes.
Este fallo se enmarca en una de las causas por corrupción que involucran a la familia Kirchner y que han tenido un extenso trámite judicial a lo largo de los años. La defensa de los hijos de la exmandataria había argumentado que el embargo era improcedente, pero la Cámara Federal de Casación no hizo lugar a esos planteos.
La resolución fue notificada en las últimas horas y ya genera repercusiones en el ámbito político y judicial. Resta ahora que se concrete la siguiente etapa del procedimiento, que dependerá de las medidas que adopten los organismos encargados de la administración de los bienes decomisados.