Gobierno inicia ronda de consultas con provincias por reforma de la Ley de Salud Mental

El Gobierno nacional abrió este lunes una ronda de consultas con las provincias para avanzar en la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. La iniciativa, enviada al Congreso mediante el Mensaje 108/26, busca incorporar las observaciones de las distintas jurisdicciones antes de continuar su tratamiento parlamentario.

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabeza los encuentros virtuales con autoridades sanitarias nacionales y provinciales. En la primera jornada participaron los ministros de Salud de CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy. Este martes por la mañana se reunirán representantes de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones, mientras que por la tarde será el turno de las jurisdicciones restantes. Bullrich participará además de una reunión con representantes nacionales y autoridades de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

La ronda apunta a incorporar la mirada de las provincias, ya que la reforma tendrá impacto directo sobre los sistemas sanitarios locales. El proyecto comenzó a ser analizado en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado. La apertura del debate estuvo a cargo de funcionarios del área de Salud Mental del Ministerio de Salud, seguida de dos jornadas de exposiciones con más de 70 expositores, entre especialistas, organizaciones de familiares, asociaciones profesionales, funcionarios provinciales, trabajadores de la salud mental, funcionarios judiciales y especialistas en derecho civil y sanitario.

Según informó el oficialismo, la presidencia de la Comisión de Salud tomó contacto con los despachos de los legisladores que integran el cuerpo o manifestaron interés en realizar observaciones. Esos aportes fueron incorporados a la versión que actualmente se encuentra bajo análisis. El oficialismo sostiene que el texto busca convertirse en una propuesta de consenso entre los distintos bloques y las provincias.

Entre los cambios incorporados figuran modificaciones vinculadas con los derechos y garantías, con la incorporación de acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria como piso federal. En materia de derechos de los pacientes, la propuesta agrega un nuevo inciso a la Ley de Derechos del Paciente referido a las directivas anticipadas, que contempla la posibilidad de que una persona consienta o rechace determinados tratamientos por adelantado.

La reforma también introduce ajustes en el abordaje y en la conformación de los equipos interdisciplinarios, que se determinará según la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción. Además, explicita el uso de la teleconsulta como herramienta para ampliar la cobertura territorial. La discusión sobre las internaciones constituye uno de los capítulos centrales y continúa bajo análisis en el Senado.

El oficialismo busca avanzar con modificaciones al régimen vigente al mismo tiempo que incorpora los aportes de las jornadas de comisión y las consultas con las jurisdicciones. Sin embargo, el proyecto genera cuestionamientos de diversas organizaciones. La Asociación Argentina de Salud Mental expresó su rechazo y sostuvo que algunas modificaciones “destruyen la red comunitaria”, generan confusión y restringen derechos. Cuestionó además que la iniciativa excluya a usuarios de servicios de salud mental del Órgano de Revisión.

En la misma línea se pronunció la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que elaboró un informe técnico. La organización planteó que la reforma implica un retroceso respecto del modelo de derechos humanos que inspiró la legislación vigente y que podría debilitar la obligación estatal de construir una red comunitaria de atención, fortaleciendo el hospital psiquiátrico como dispositivo central.

Otro eje de controversia es la eliminación del piso presupuestario específico para salud mental previsto en la normativa actual. Los críticos advierten que esto puede debilitar el financiamiento de políticas y dispositivos que aún presentan dificultades de implementación. La discusión no se limita al texto normativo, sino a la capacidad real de los sistemas de salud para sostener equipos profesionales, dispositivos comunitarios y alternativas a las internaciones prolongadas.

También genera preocupación el mayor peso que la reforma otorgaría a la psiquiatría dentro de los equipos de atención, lo que para algunos sectores podría afectar el carácter interdisciplinario de la legislación vigente.

La senadora Bullrich y el oficialismo indicaron que continuarán incorporando observaciones para alcanzar un texto de consenso. El tratamiento parlamentario continuará una vez concluidas estas consultas con las provincias.

Fuente: APFDigital