Inocencia Fiscal II: oficialismo destrabó dictamen y excluyó a funcionarios de los beneficios
La iniciativa que busca eximir de responsabilidad penal por delitos fiscales a contribuyentes que regularicen su situación avanzó en Diputados. El oficialismo modificó el texto para que no alcance a funcionarios públicos.
El oficialismo logró destrabar este miércoles el dictamen de la ley conocida como Inocencia Fiscal II en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. El texto original, que buscaba eximir de responsabilidad penal por delitos fiscales a quienes regularicen su situación ante la AFIP, fue modificado para excluir expresamente a funcionarios públicos y evitar cualquier beneficio para ellos.
Según fuentes parlamentarias, el cambio se introdujo para facilitar la firma del dictamen y avanzar con el tratamiento en el recinto. De esta manera, la iniciativa queda lista para ser debatida en el plenario de la Cámara baja en las próximas semanas.
¿Qué dice el proyecto?
La propuesta permite que aquellos contribuyentes que adhieran a un blanqueo o moratoria queden exentos de sanciones penales por los delitos fiscales cometidos con anterioridad, siempre y cuando regularicen su situación impositiva. El objetivo es fomentar la repatriación de capitales y la normalización de deudas con el fisco.
Sin embargo, el oficialismo aceptó una enmienda clave: los beneficios no alcanzarán a funcionarios públicos, ni a quienes ocupen cargos electivos o de designación política. Esta exclusión busca responder a las críticas de la oposición, que advertía sobre posibles abusos o interpretaciones que pudieran favorecer a sectores cercanos al poder.
Impacto en el bolsillo y en las empresas
Para el comerciante o el profesional que tiene deudas con AFIP, el proyecto representa una oportunidad de cerrar el pasado sin riesgo de ir preso. En un contexto donde la presión tributaria sigue siendo alta, muchos evalúan que vale la pena pagar lo adeudado si a cambio se borra la amenaza penal.
En números: según estimaciones privadas, el universo de deudores que podría acogerse ronda los 150.000 contribuyentes entre personas físicas y empresas. El impacto en la recaudación dependerá de cuánto se adhieran y cuánto blanqueen.
El contexto político
La discusión se da en medio de un año electoral y con una economía que todavía arrastra altos niveles de informalidad. El Gobierno busca mostrar gestos hacia el sector productivo, mientras que la oposición reclama mayores controles para que el beneficio no termine siendo un “perdón” sin contrapartida.
El dictamen firmado este miércoles incluye también ajustes técnicos en los plazos de adhesión y en los montos mínimos de regularización. Fuentes del oficialismo indicaron que el objetivo es tener la ley aprobada antes de fin de año para que pueda regir durante 2027.
Para el lector común, lo concreto es que si tenés deudas fiscales anteriores y no sos funcionario, esta ley podría darte una salida sin riesgo penal. Si sos comerciante y venís cargando una causa por evasión, vale la pena seguir de cerca cómo evoluciona el debate en el Congreso.
