Presentan proyecto para penalizar la explotación crediticia en barrios vulnerables

El diputado nacional Juan Carlos Molina, junto a legisladores de Unión por la Patria y otros bloques, presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal el delito de “explotación crediticia en contextos de vulnerabilidad territorial”.

La iniciativa propone agregar el artículo 175 ter y establece penas de dos a seis años de prisión para quienes, de manera habitual y con fines de lucro, otorguen préstamos informales aprovechándose de la vulnerabilidad socioeconómica de los deudores e imponiendo exigencias económicas excesivas. Las penas podrían elevarse a tres a ocho años en caso de agravantes como presión comunitaria, amenazas, intimidaciones, apropiación abusiva de bienes o cuando la actividad sea desarrollada por organizaciones o afecte a múltiples víctimas.

Según el texto, se considera situación de vulnerabilidad socioeconómica aquella derivada de la exclusión del sistema financiero formal, la informalidad laboral o la falta de acceso regular al crédito institucional. Además, se define como agravante la “ascendencia o condicionamiento comunitario”, es decir, la capacidad del prestamista de influir sobre la libertad de decisión del deudor dentro de un territorio determinado.

El proyecto fija una pauta objetiva para determinar la “desproporción manifiesta” en las condiciones del préstamo: cuando el monto total exigido supere en más de tres veces la tasa activa promedio publicada por el Banco Central para créditos personales no bancarios. Los jueces podrán evaluar otros costos y cargos aplicados.

En los fundamentos, Molina señaló que en numerosos barrios populares existen personas que, por no contar con ingresos formales, garantías o historial crediticio, quedan excluidas de los mecanismos tradicionales de financiamiento y recurren a circuitos informales. Estos prestamistas, según el legislador, suelen ocupar posiciones de reconocimiento y poder dentro de la comunidad, lo que genera relaciones de dependencia económica, temor y condicionamiento social.

La propuesta también incluye medidas de protección a las víctimas. Los intereses, recargos o penalidades abusivas no producirán efectos jurídicos, se mantiene la obligación de devolver solo el capital efectivamente recibido y se habilita el inicio de actuaciones penales de oficio. Asimismo, se ordena adoptar medidas para preservar la identidad y seguridad de víctimas, denunciantes y sus familias frente a posibles represalias.

Otro eje del proyecto es la inclusión financiera. Faculta al Poder Ejecutivo a promover programas de microcrédito, financiamiento de pequeña escala y alfabetización financiera destinados especialmente a sectores excluidos, con el objetivo de reducir las condiciones que favorecen estas prácticas.

El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda para su tratamiento.

Según pudo saber este medio, la iniciativa se enmarca en un intento por abordar una problemática que, si bien no es nueva, ha ganado visibilidad en los últimos años en barrios del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires. Resta definir el recorrido legislativo que tendrá en un Congreso donde las prioridades económicas suelen dominar el debate.