Tiene dictamen el proyecto de Inocencia Fiscal II pero excluyeron a los funcionarios
La iniciativa ya cuenta con dictamen de comisiones tras modificaciones pedidas por aliados del oficialismo luego del caso Adorni. Se excluyó expresamente a funcionarios públicos del régimen de inocencia fiscal.
El proyecto de ley de Inocencia Fiscal II obtuvo dictamen favorable este miércoles en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, aunque con modificaciones importantes impulsadas por los aliados del oficialismo.
Tras el caso del ex vocero presidencial y ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los bloques dialoguistas exigieron cambios en el texto original. Una de las modificaciones centrales fue la exclusión expresa de los funcionarios públicos del beneficio del régimen de inocencia fiscal.
Según el nuevo texto, el mecanismo que permite a los contribuyentes regularizar su situación ante la AFIP sin ser penalmente perseguidos no alcanzará a quienes ocupen cargos públicos. Esta limitación fue incorporada a pedido de los socios del Gobierno para evitar cualquier interpretación que pudiera interpretarse como un blindaje para la clase política.
Especialistas en derecho tributario y penal económico, junto con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), expusieron durante la reunión de comisiones. Sus opiniones fueron tenidas en cuenta para ajustar el articulado y reforzar los controles sobre posibles abusos del sistema.
Para ubicarse: la “inocencia fiscal” es un instituto que busca que quien regulariza deudas impositivas o aduaneras no pueda ser investigado penalmente por esos mismos hechos, siempre que cumpla con ciertos requisitos y plazos. La versión II busca ampliar y mejorar la primera experiencia.
Se estima que el proyecto podría llegar al recinto de Diputados en las próximas dos semanas, según fuentes parlamentarias. El oficialismo cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo de bloques provinciales y dialoguistas, aunque el debate en el recinto promete ser intenso.
El caso Adorni había generado ruido político semanas atrás, cuando se conoció que el ex funcionario había adherido a un régimen similar en el pasado. Eso aceleró las negociaciones para blindar el texto actual y excluir claramente a funcionarios y ex funcionarios del beneficio.
La iniciativa busca, según sus impulsores, dar previsibilidad al contribuyente y fomentar la regularización de deudas sin que eso derive automáticamente en causas penales. Los críticos, en cambio, advierten sobre posibles usos indebidos si no se establecen límites claros.
El dictamen obtenido este 12 de agosto de 2026 marca un paso importante en el camino legislativo, aunque todavía restan definiciones sobre algunos artículos vinculados a plazos y montos de regularización.
